El abogado laboralista Daniel Robles Ibazeta, señaló que estamos acostumbrados a que las relaciones laborales sean directas pero hay contrataciones indirectas como la intermediación laboral a través de los famosos services y dentro de esta figura esta la tercerización que se identifica un proceso productivo del negocio y se decide que lo pueda desarrollar más eficientemente una empresa

Robles sostuvo que desde el año 2008 con las leyes de tercerización y sus normas conexas se planteaba que esta actividad tercerizada la realice una empresa respecto a cualquiera de las actividades de la empresa principal incluyendo las actividades nucleares la cual es la actividad principal y se reconoce porque es la que más produce dinero en la empresa y cuto desarrollo es vital.

En entrevista con Diálogo Abierto de Nacional, el abogado laboralista manifestó que con este decreto supremo se está reclamando la ilegalidad  del mismo por cuanto sostiene una restricción que la ley principal no establecía la cual es que limita la actividad de tercerizar actividades principales o sea que el decreto supremo que es una norma de menor jerarquía le pretende enmendar la plana a una ley de mayor jerarquía que para la ley de tercerización excluye  la figura de poder tercerizar actividades principales.

“En la realidad muchas empresas trabajan con tercerizaciones en sus actividades principales por ejemplo la minería la cual esta siendo afectada porque actividades como la exploración, la explotación y comercialización la realizan hoy en día a través de empresas tercerizadoras y no a través de su propio personal y este decreto supremo plantea de manera ilegal es que si no se logran adecuar estos cambios y se logran extraer de la actividad principal, van a tener que incorporarlos a sus planillas lo cual es un despropósito esta norma, ya que fomenta la informalidad,  nadie va querer incorporar a los trabajadores a sus planillas, es probable que las empresas que hoy prestan servicios de tercerización colapsen y dejen de funcionar y afecten a sus trabajadores y familias”, señaló.

Finalmente sostuvo que Sunafil va inspeccionar y poner multas por su protocolo de fiscalización,  por otro lado los empresarios toman acciones legales y lo validan a través de acciones judiciales de amparo,  los gremios plantean acciones populares para discutir la norma, y el estado establece una inestabilidad jurídica por una norma inviable, ilegal y poco razonada.

/RC/