Los delincuentes atrapados en el mismo momento del robo, los padres que no pasan pensión por alimentos a sus hijos y los conductores que manejan o causan accidentes en comprobado estado de ebriedad serán procesados judicialmente de inmediato y su caso ya no sufrirá demoras de dos, tres y hasta cuatro años en perjuicio de los afectados, anunció el ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe.

El titular del Interior comentó que esto será posible con la próxima emisión de Decreto Legislativo sobre "Proceso inmediato en caso de flagrancia", en el marco de las facultades en seguridad ciudadana que el Congreso de la República le otorgó al Poder Ejecutivo.

Actualmente, explicó Pérez Guadalupe, la norma señala que el fiscal "podrá" ir a un proceso inmediato en los delitos en los que exista flagrancia y pruebas suficientes, pero no todos lo hacen y por eso hoy se ven largos procesos judiciales en casos en los que a un delincuente se le halló "con las manos en la masa".

"En el decreto que emitirá el Consejo de Ministros ya no dirá 'el fiscal podrá' sino 'el fiscal deberá'. Es decir que cuando hay flagrancia, pruebas y el delincuente reconozca que cometió el delito, será obligatorio e imperativo ir a un proceso inmediato. ¿Para qué ir a un proceso largo de 2, 3 o 4 años?", indicó en Radio Nacional del Perú.

Añadió que, a pedido del Poder Judicial, este proceso inmediato también se aplicará para los casos de omisión a la asistencia familiar (pensión por alimentos) y conducción de vehículos en estado de ebriedad, que constituyen el 40 por ciento de los procesos penales.

"Cuando salga la norma, qué cosa tendrá que esperar (el fiscal o juez) si el dosaje etílico del conductor salió positivo. Los conductores ebrios tendrán procesos rápidos, no se dilatarán los juicios", mencionó.

Indicó que si bien las normas ayudan, no son suficientes. "Un país no cambia por un Decreto Legislativo, pero ayudan y dan herramientas para luchar contra los delitos".

En otro momento, comentó que se está planteando otra iniciativa legislativa para que la Policía -al igual que las Fuerzas Armadas- tenga tenientes generales, cinco como máximo, entre los que se elegiría el nuevo director general de la Policía Nacional. "Esto sería una manera más institucional de designarlos".

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