El Poder Judicial (PJ) informó que Elizabeth Peralta, fiscal suspendida, se presentó voluntariamente ante las autoridades para cumplir con la orden de prisión preventiva por 18 meses en su contra, dictada por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho pasivo específico en el marco del caso Chibolín.

En un comunicado a través de sus redes sociales, el PJ detalló que Peralta acudió este miércoles por la tarde al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria para cumplir con la medida judicial.

[Leer también: Matrícula para el año escolar 2025 comienza este 16 de diciembre]

El Poder Judicial precisó en su cuenta de X (anteriormente Twitter): "Un día después de que se dictara la prisión preventiva de 18 meses contra la suspendida fiscal Elizabeth Peralta Santur, la imputada se presentó en el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria para ponerse a derecho". Además, informó que la audiencia de control de identidad se llevará a cabo en los próximos minutos y será transmitida en vivo por el Facebook de JusticiaTV.

ANTECEDENTES: DESDE LA CLANDESTINIDAD A LA ENTREGA VOLUNTARIA

El martes anterior, Benji Espinoza, abogado de Peralta, causó sorpresa al anunciar que su defendida optaría por pasar a la clandestinidad, al considerar que la medida de prisión preventiva era "arbitraria". En declaraciones a RPP, Espinoza indicó: "La doctora Peralta va a ejercer su derecho a resistir una detención que considera arbitraria, hasta que se agoten los mecanismos legales para cuestionar la misma". Sin embargo, horas después, el abogado cambió de postura y confirmó que Peralta se entregaría a las autoridades.

ORDEN DE CAPTURA TRAS CASO CHIBOLÍN
En este contexto, el Poder Judicial había emitido una orden de ubicación y captura contra Peralta, tras dictar la prisión preventiva por los cargos de tráfico de influencias y cohecho pasivo específico. "En atención a lo dispuesto por la Sala de mi Presidencia, en el auto de vista expedido el 30 de octubre de 2024, cuya resolución culminó en mayoría, se ha dispuesto la inmediata ubicación y captura de la imputada", detalló el documento dirigido al jefe de la División de la Policía Judicial.

Este giro en el caso pone en evidencia las tensiones legales que rodean a la fiscal suspendida, quien ahora deberá afrontar las acusaciones en su contra frente a la justicia.