Con la finalidad de retomar el diálogo y acercar posturas, los responsables europeos pidieron a Atenas que hiciera nuevas propuestas antes de la cumbre del lunes en Bruselas. Ante ello, el ministro de Estado griego, Alekos Flamburaris, sugirió este sábado que el gobierno podría modificar la oferta.

Acelerar la supresión de las prejubilaciones, una idea que el gobierno parece haber aceptado, y bajar el umbral impositivo de los beneficios de las empresas, son las opciones que Flamburaris mencionó con el objetivo de ahorrar unos centenares de millones de euros adicionales.

"Vamos a llevarles medidas que cubran la diferencia (entre las estimaciones de los acreedores y las de Grecia respecto a las necesidades financieras del país)", prosiguió el ministro en una entrevista con el canal de televisión Mega.

"Pero verán que no aceptarán la flexibilización presupuestaria ni nuestra propuesta sobre la deuda", añadió. 

Ambos puntos son las condiciones fijadas por Atenas para firmar un acuerdo con los acreedores -Unión Europea (UE), Banco Central Europeo (BCE) y Fondo Monetario Internacional (FMI)- y que estos últimos suministren a Grecia 7,200 millones de euros, el último tramo del segundo rescate financiero al país.

Flamburaris no descartó una conversación telefónica en las próximas horas entre el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker y el primer ministro griego, Alexis Tsipras, quien regresará a Atenas este sábado, tras un viaje a Rusia que mantuvo a pesar de la efervescencia en torno a su país y las advertencias de Bruselas y Washington. 

Piden hallar acuerdos

Ante una situación "crítica", el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, instó el viernes a Grecia a encontrar un acuerdo con sus acreedores para evitar "ir derecho hacia una suspensión de pagos". 

La Casa Blanca también pidió que se encuentre urgentemente un compromiso sobre "un programa de reformas creíbles". 

La cita del lunes será una de las últimas ocasiones para hallar un acuerdo antes del 30 de junio, fecha en la que Grecia debe abonar unos 1,500 millones de euros al FMI para evitar un impago de consecuencias imprevisibles, que podría provocar su salida de la zona euro. 

/PAG/