Política

Se retomó el control de los penales de Huacho y Huaral luego de una requisa total en ambos centros penitenciarios, liderada por el presidente José Jerí. 

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El gobierno informó que de esta forma se logró desmantelar redes criminales que venían operando con impunidad dentro de dichos establecimientos.

El presidente José Jerí informó que en las operaciones en ambos penales se incautó una importante cantidad de dinero en efectivo, droga, armas blancas y agendas con nombres y números telefónicos presuntamente empleados para actos criminales.

HUACHO: INTERNOS TENÍAN NÚMEROS TELEFÓNICOS Y NOMBRES

En la requisa del penal de Huacho se han encontrado decenas de papeles, que tenían escondidos los internos entre sus partes íntimas o billeteras, conteniendo números telefónicos junto a nombres propios.

Los internos sostenían que estos números eran de sus familiares porque no los recordaban muy bien.  

PRESIDENTE: INTERNOS DE ALTA PELIGROSIDAD SERÁN TRASLADADOS 

Según explicó el mandatario, la requisa se realizó pabellón por pabellón e interno por interno, teniendo en cuenta que los penales son una de las fuentes de la criminalidad y los altos índices de la delincuencia en el llamado Norte Chico. 

“Era fundamental venir al penal para limpiarlo 100 por ciento, estamos tomando control pleno del penal para limpiarlo completamente y con ello cortar las líneas de comunicación (de los internos)”, manifestó el jefe de Estado.

Asimismo, indicó que los reos de alta peligrosidad de este penal serán trasladados a establecimientos de máxima seguridad como Challapalca y otros donde estarán bajo regímenes especiales.

INPE SERÁ REEMPLAZADO POR SUNIR

Además, ratificó que el Instituto Nacional Penitenciario será reemplazado por la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (Sunir). 

“Estamos afinando los detalles, los procedimientos. Va a ser una transición que costará mucho, porque siempre hay resistencia al cambio, pero será importante por los resultados”, puntualizó.

De igual forma, enfatizó que el control total de los establecimientos penitenciarios es una medida concreta tomada sobre la base de las estadísticas del balance realizado sobre el estado de emergencia y la lucha contra la inseguridad.

PRESIDENTE SUPERVISÓ REGIÓN POLICIAL LIMA NORTE DE HUACHO

Previamente, el presidente Jerí lideró una inspección técnica y operativa en la Región Policial Lima Norte, con sede en la ciudad de Huacho.
Durante su permanencia en dicha estación policial, el mandatario verificó el estado de la infraestructura, a fin de asegurar que cada recurso del Estado sea utilizado con la máxima eficiencia y esté al servicio de la población.

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Revisa a continuación el resumen de las principales normas legales publicadas hoy en el Diario Oficial El Peruano, con disposiciones de interés para la ciudadanía correspondientes a este viernes 23 de enero de 2026.

JNE

1. Declaran nula la Resolución n.º 00014-2026-JEE-ABAN/JNE emitida por el Jurado Electoral Especial de Abancay que declaró improcedente por extemporánea la inscripción de lista al Senado por el distrito electoral de Apurímac en el marco de las Elecciones Generales 2026, según RESOLUCION n.° 0094-2026-JNE.

2. Declaran nula la Resolución Nº 00028-2026-JEE-PUNO/JNE emitida por el Jurado Electoral Especial de Puno que declaró improcedente el pedido de autorización de ingreso por vía alterna y el otorgamiento de plazo por extemporánea la solicitud de inscripción de lista al Senado por el distrito electoral de Puno en el marco de las Elecciones Generales 2026, según RESOLUCION n.° 0092-2026-JNE.

MINDEF

1. Designan Director de la Dirección de Monitoreo Seguimiento y Evaluación-DIMSE del Centro Nacional de Estimación Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres-CENEPRED, según RESOLUCION JEFATURAL n.° 00012-2026-CENEPRED/J.

2. Designan Director de la Dirección de Fortalecimiento y Asistencia Técnica - DIFAT del Centro Nacional de Estimación Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres - CENEPRED, según RESOLUCION JEFATURAL n.° 00014-2026-CENEPRED/J.

MEF

Aprueban índices de distribución de la regalía minera correspondientes al mes de diciembre del año 2025, según RESOLUCION MINISTERIAL n.° 027-2026-EF/50.

MINISTERIO DE CULTURA

1. Declaran Patrimonio Cultural de la Nación a veintidós unidades bibliográficas (1955-1992) de la producción literaria de Julio Ramón Ribeyro pertenecientes a la Biblioteca Nacional del Perú, según RESOLUCION VICE MINISTERIAL n.° 000020-2026-VMPCIC/MC.

2. Delegan en el/la Director/a de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco durante el Ejercicio Fiscal 2026 la facultad de determinar la protección provisional de los bienes inmuebles prehispánicos que se presumen integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación ubicados en el departamento de Cusco, según RESOLUCION VICE MINISTERIAL n.° 000019-2026-VMPCIC/MC.

PRODUCE

Aprueban el otorgamiento de las subvenciones destinadas a cofinanciar proyectos en el marco del Contrato de Préstamo n.° 5287/OC-PE Programa de Innovación Modernización Tecnológica y Emprendimiento y del Fondo MIPYME Emprendedor, según RESOLUCION DIRECTORAL n.° 041-2026-PRODUCE/PROINNOVATE.

MINSA

Designan Jefa de Equipo II de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Ministerio de Salud, según RESOLUCION MINISTERIAL n.° 082-2026/MINSA.

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El Gobierno autorizó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) a declarar en emergencia el servicio público de transporte cuando exista daño, peligro inminente o una severa afectación a la infraestructura, con el fin de garantizar la continuidad del servicio y la seguridad de los usuarios.

El Decreto Legislativo, publicado en el boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano, señala que el Perú enfrenta una alta vulnerabilidad estructural y permanente frente a desastres naturales como inundaciones, terremotos, huaicos y sequías, los cuales generan daños o peligros inminentes en la infraestructura de transporte.

Frente a esta situación, la norma establece un marco normativo para la declaratoria de emergencia ante situaciones que afecten la infraestructura vial, portuaria, aeroportuaria, ferroviaria y de hidrovías a nivel nacional.

La resolución ministerial debe identificar la infraestructura de transporte objeto de intervención. El plazo de vigencia de la resolución ministerial es de ciento ochenta (180) días calendario, prorrogable.

Entre las acciones que se adoptarán como resultado de la declaratoria de emergencia, se autoriza al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, sus entidades, empresas adscritas, programas y proyectos especiales a ejecutar, de manera directa o a través de empresas contratistas, las intervenciones necesarias para preservar o restablecer de forma inmediata el servicio público de transporte afectado. En el caso de infraestructura concesionada, las intervenciones se realizarán conforme a lo establecido en el respectivo contrato de concesión.

MTC FINANCIARÁ INTERVENCIONES SIN AFECTAR EL TESORO PÚBLICO

Asimismo, las intervenciones podrán incluir infraestructura a cargo de los gobiernos regionales y locales, de acuerdo con los mecanismos previstos en la normativa vigente.

Cuando las intervenciones lo requieran, se autoriza a la entidad competente a ejecutar acciones de gestión predial necesarias para la liberación de predios e interferencias, permitiendo el restablecimiento y preservación del servicio público de transporte. Para ello, se podrán celebrar contratos, aprobar actos y realizar otros actos jurídicos que permitan la posesión y el uso temporal de inmuebles de propiedad privada o estatal.

Estas medidas se financiarán con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

La norma lleva la firma del presidente de la República, José Enrique Jerí Oré, del jefe del gabinete ministerial, Ernesto Julio Álvarez Miranda, y de los ministros de Economía, Denisse Miralles, y de Transportes y Comunicaciones, Aldo Martín Prieto Barrera.

En sesión del Consejo de Ministros se aprobó el Proyecto de Ley que promociona la Industria para la Defensa, orientada a fortalecer la seguridad nacional y promover el desarrollo económico del país.

La propuesta normativa busca impulsar el desarrollo de capacidades industriales y tecnológicas nacionales, permitiendo la producción, ensamblaje, mantenimiento y desarrollo de bienes y servicios destinados a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional del Perú, bajo criterios de sostenibilidad económica, social y ambiental.

El proyecto promueve el avance de la ciencia, tecnología y la innovación, para fomentar el empleo y fortalecer la industria en el país. Para lo cual, se realizará un trabajo articulado entre el sector privado, la academia y la inversión nacional e internacional.

“Este es un momento histórico para el Perú y su industrialización sin ánimos ideológicos, sino como respuesta a las necesidades reales del mercado nacional e internacional”, manifestó el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda.

NUEVA LEY IMPULSARÁ A SIMA Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO EN DEFENSA

Asimismo, destacó que esta ley promoverá la interacción de empresas como el Servicio Industrial de la Marina SA – SIMA Perú SA, principal propulsor de esta iniciativa, así como la investigación científica y tecnológica para el desarrollo de bienes y servicios especializados.

La norma que fue enviada al Congreso de la República para su debate y aprobación, también busca fortalecer la cadena de suministros militares y generar mayor autonomía estratégica para el Estado, asegurando una respuesta más eficiente ante las necesidades de la seguridad y defensa nacional.

De esta manera, el Gobierno reafirma su compromiso de liderar este proceso de modo responsable y transparente, consolidando una industria estratégica que no solo contribuya a la seguridad y defensa del país, sino también al crecimiento económico y al desarrollo productivo nacional.

Durante la madrugada de este sábado 24 de enero, el presidente de la república, José Jerí, realizó una visita inopinada al penal de Ancón I , donde encontró un grave cuadro de desorden administrativo, falta de control interno y serias deficiencias en la gestión del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

El jefe de Estado llegó al establecimiento penitenciario tras un reporte de la Policía Nacional. Horas antes, agentes policiales capturaron a una pareja, un hombre y una mujer, dedicada a extorsionar a empresas de transporte y a mototaxistas del cono norte de la capital. Durante las diligencias, ambos detenidos confesaron que las acciones criminales eran dirigidas por un interno del penal de Ancón I.

Con esa información, el mandatario, acompañado por el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, solicitó la ubicación inmediata del recluso señalado como presunto cabecilla de la banda. La respuesta del sistema penitenciario fue una escena de confusión que evidenció la precariedad de sus controles.

Los registros del penal no se encontraban consolidados en un sistema confiable. La información aparecía dispersa en varios cuadernos manuscritos, revisados de manera apresurada por el personal del INPE. El paso de los minutos no permitió aclarar la situación. La ubicación del interno seguía sin precisarse.

Al verificarse los datos en una computadora, figuraba el nombre del recluso, primero, en el pabellón dos. Al acudir al lugar, no se encontraba allí. Luego aparecía en el pabellón cuatro, tampoco estaba ahí. La búsqueda se extendió a otros pabellones sin éxito.

Ante la falta de respuestas, el presidente solicitó explicaciones a los representantes del INPE. Tras varios minutos de revisión de documentos y consultas internas, se informó que el interno había sido trasladado al penal de Challapalca, en Tacna, el pasado 4 de enero.

La información generó nuevas dudas. El traslado no figuraba de manera clara en los registros revisados minutos antes. El gobernante pidió corroborar la información con el penal de Challapalca. Los intentos de comunicación resultaron infructuosos. No fue posible contactar al personal administrativo del establecimiento penitenciario. No había conexión directa entre penales.

La situación se tornó aún más crítica cuando el jefe de Estado solicitó el registro oficial del traslado. La respuesta del personal del INPE volvió a evidenciar el desorden total. El documento se encontraba, según se indicó, en una oficina administrativa, pero no se podía acceder a él porque no había la llave.

PRESIDENTE JERÍ: REESTRUCTURACIÓN DEL INPE ES URGENTE

La visita presidencial, que buscaba verificar una denuncia de extrema gravedad, terminó por revelar una problemática más profunda. La imposibilidad de ubicar con certeza a un interno señalado como articulador de extorsiones, la ausencia de registros accesibles, la falta de comunicación entre penales y la carencia de documentación inmediata sobre traslados, pusieron en evidencia un sistema penitenciario sin control efectivo.

"Lo ocurrido en Ancón I refleja un problema estructural en la gestión del INPE que compromete directamente la seguridad ciudadana. Cuando el Estado no puede determinar con precisión dónde se encuentra un interno ni qué decisiones se adoptaron respecto a su traslado, la responsabilidad institucional resulta ineludible. En ese escenario, el desorden deja de ser un asunto administrativo y se convierte en un factor que facilita la continuidad del crimen desde los propios establecimientos penitenciarios", sostuvo el Jefe del Estado.

En ese sentido, el presidente Jeri recalcó que "frente a esta realidad, la reestructuración integral del INPE resulta urgente e impostergable. Sin un sistema penitenciario ordenado, con control efectivo, registros confiables y responsabilidades claramente definidas, la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado que lidera el Gobierno queda incompleta. Ese escenario exige cambios inmediatos".

El presidente de la república, José Jerí, anunció que los controles territoriales continuarán con mayor incidencia y se programarán con más contundencia en distintos puntos de Lima Metropolitana y del Callao, jurisdicciones que permanecen en estado de emergencia.

“La labor de control territorial permite retirar de circulación armas y municiones, así como reducir la capacidad de operación de los delincuentes y de las organizaciones criminales. Por ello, estas acciones se programarán con mayor contundencia en diversos sectores de Lima Metropolitana y del Callao”, remarcó.

En ese marco, destacó que el viernes 23 la Policía Nacional del Perú logró desarticular diez bandas delictivas como resultado de los controles territoriales.

Asimismo, informó que, durante la presente jornada, la institución policial dará a conocer el número total de organizaciones criminales desarticuladas desde el 10 de octubre de 2025, fecha en la que el jefe de Estado asumió la Presidencia.

“Es importante que la población conozca cada una de las acciones que realiza el Gobierno y nuestra Policía Nacional. Los resultados comienzan a evidenciarse y se ponen en conocimiento de la ciudadanía, lo que permite generar confianza en estos momentos de lucha contra la inseguridad”, enfatizó.

PRESIDENTE PIDE RESPONSABILIDAD A HINCHAS PARA EVITAR INCIDENTES 

En otro momento, el mandatario exhortó a los aficionados al fútbol que asistirán a La Tarde Blanquiazul y La Noche Crema a mantener el orden y actuar con responsabilidad durante su desplazamiento, con el fin de evitar cualquier tipo de fricción innecesaria.

“Tenemos que mostrar ante el mundo que nuestro país y nuestra capital tienen la capacidad de organizar, de manera simultánea, eventos de gran magnitud. Este es un mensaje de orden y buen comportamiento hacia el interior, así como una señal clara hacia el exterior de que el Perú puede llevar a cabo eventos nacionales e internacionales al mismo tiempo”, subrayó.

OPERATIVO DEJA 44 REQUISITORIADOS INTERVENIDOS

El presidente Jerí brindó estas declaraciones durante la visita de trabajo que realizó a la Comisaría PNP La Huayrona, en San de Lurigancho, donde se presentaron los resultados del control territorial ejecutado en Lima Metropolitana y el Callao el viernes 23 de enero.

Dicho operativo estratégico, desplegado en cinco puntos críticos de la capital, permitió la intervención de 109 personas, de las cuales 44 contaban con requisitorias vigentes, así como la incautación de armas de fuego, teléfonos celulares, drogas y otras especies vinculadas a actividades delictivas.

El programa Tu decisión 2026 contó con la participación de Zaori Lifoncio, candidata a diputada por el Frepap, quien presentó las iniciativas legislativas que impulsaría el partido si obtiene representantes en el Parlamento tras las Elecciones Generales 2026.

Durante la entrevista, Lifoncio respondió a preguntas sobre distintos ejes de interés nacional, entre ellos seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, educación, salud pública, promoción de la cultura, políticas para la infancia y temas migratorios, entre otros.

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PROPUESTAS SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA

Ante la pregunta "¿Qué leyes van a impulsar contra la inseguridad ciudadana?", la representante del partido apuntó al desmantelamiento de normas que favorecen al crimen.

“Una de las prioridades que queremos trabajar en los primeros 100 días de legislación es desbaratar las leyes pro crimen. Sabemos que existen normas que han debilitado los procesos para investigar delitos”, señaló.

MOTIVOS PARA APOYAR AL FREPAP

Respecto a la consulta “¿Por qué el elector debería confiar en un candidato a senador o diputado del Frepap?”, Lifoncio indicó que su partido todas las veces que consiguió representación en el Congreso trabajó por la ciudadanía. 

“Los peruanos deben depositar su confianza en nosotros porque conocemos sus necesidades. Cuando hemos tenido congresistas, hemos trabajado de la mano por la ciudadanía, atendiendo sus demandas en salud, educación y en la lucha contra la corrupción, un tema que hemos abordado de manera constante en nuestro trabajo legislativo, y hoy nos presentamos nuevamente para continuar con este compromiso”, sostuvo.

OTROS EJES PROGRAMÁTICOS

Durante el programa, el candidato también se pronunció sobre lucha contra la corrupción, educación, salud pública, cultura, políticas para la niñez y migración.

📺 Mira la entrevista completa en nuestro canal de YouTube:

CONOCE MÁS SOBRE TU DECISIÓN 2026

Tu decisión 2026 es una producción del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) orientada a fortalecer la vida democrática y promover un voto informado en la ciudadanía.

El programa se emite de lunes a viernes, de 9:00 p. m. a 10:00 p. m., a través de las señales de TVPerú, Radio Nacional y las plataformas digitales del IRTP. De esta manera ofrece un espacio plural y equilibrado para que las organizaciones políticas presenten sus propuestas, conforme a la normativa electoral vigente.

El IRTP invita a la ciudadanía a seguir Tu decisión 2026 y conocer de manera directa las propuestas de los actores políticos que participan en el proceso electoral.

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La Junta Nacional de Justicia (JNJ) resolvió destituir a Delia Espinoza del cargo de fiscal suprema del Ministerio Público (MP) tras incumplir resolución que ordenaba que Patricia Benavides retome sus funciones en la Fiscalía de la Nación.

El magistrado Víctor Hugo Chanduví fue el responsable de la ponencia a favor de la remoción, que terminó siendo aprobada unánimemente por el Pleno del JNJ.

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Según el informe de Chanduví, Espinoza Valenzuela cometió faltas muy graves en el ejercicio del cargo, conforme lo establecen el inciso 6 y el numeral 13 del artículo 47 de la Ley de la Carrera Fiscal.

En ese sentido, hizo hincapié que la resolución 231-2025-JNJ —que reincorporó a Patricia Benavides como fiscal suprema titular— debió ser acatada inmediatamente por Delia Espinoza. “No había margen para interpretaciones dilatorias ni para conductas de espera”, señaló el reporte. 

“Con esta resolución, se restablecieron los derechos de la fiscal suprema Patricia Benavides, por lo que el juzgado constitucional declaró la sustracción de la materia, al haberse subsanado el debido proceso”, añadió. 

De este modo, la Junta Nacional de Justicia reafirmó su compromiso de garantizar la imparcialidad y la transparencia en los procedimientos disciplinarios de jueces y fiscales, en cumplimiento del debido proceso, y de esta forma fortalecer el sistema de justicia del país.

ANTECEDENTES: PABLO SÁNCHEZ NO FUE RATIFICADO

En la víspera de la anterior resolución, la JNJ aprobó por mayoría la denegatoria de ratificación de Pablo Sánchez Velarde, quien desempeñaba el cargo de fiscal supremo desde 2005.

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La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), a través de la Secretaría de Integridad Pública (SIP), aprobó la Directiva n.° 001-2026-PCM/SIP, que establece lineamientos claros y operativos para la implementación del Modelo de Integridad en las entidades del sector público.

La norma publicada en el diario oficial El Peruano tiene como objetivo fortalecer los estándares de integridad y prevenir la corrupción en la administración pública.

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De acuerdo a las estimaciones de la PCM, alrededor de 1800 entidades públicas están obligadas a implementar el Modelo de Integridad, al cumplir con los criterios establecidos en el alcance del Decreto Supremo n.° 148-2024-PCM.

Asimismo, define una metodología práctica, estandarizada y orientada a resultados que permite a las entidades del Estado aplicar el Modelo de Integridad de manera coherente, ordenada y acorde con sus distintas realidades institucionales, fortaleciendo el compliancepúblico.

La directiva prioriza el fortalecimiento del compromiso de la alta dirección, la gestión de riesgos de corrupción, la atención y gestión de denuncias, el cumplimiento de normas de integridad, transparencia y debida diligencia, así como la promoción de una cultura ética en el servicio público.

Además, incorpora tareas definidas, insumos específicos y un procedimiento paso a paso, lo que permitirá a las entidades avanzar de manera efectiva en la implementación del Modelo de Integridad. En ese marco, la SIP brindará asistencia técnica especializada para orientar su correcta aplicación.

COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS

Esta directiva refuerza el componente de comunicación y capacitación, priorizando la identificación de actores clave, la difusión clara y efectiva de las políticas y normas de integridad y lucha contra la corrupción, así como la formación continua del personal.

 También incorpora la capacitación especializada de funcionarios con capacidad de decisión y la implementación de un protocolo de comunicación de crisis, que permitirá responder de manera oportuna ante la materialización de riesgos muy altos, como prácticas antiéticas o corruptas, contribuyendo a proteger la integridad institucional y fortalecer la confianza de la ciudadanía.

TRABAJO ARTICULADO EN EL SECTOR PÚBLICO

El Modelo de Integridad impulsa un trabajo articulado y colaborativo al interior de las entidades públicas, basado en la gestión preventiva de riesgos y en el fortalecimiento del desempeño ético de las personas que ejercen funciones públicas.

Para ello, contempla la adopción de buenas prácticas, herramientas, guías y mecanismos que faciliten su adecuada implementación.

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El Gobierno declaró el año 2026 como el Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia, según Decreto Supremo n.º 011-2026-PCM publicado hoy en el Diario Oficial El Peruano.

La norma indica que la frase aprobada se deberá consignar en los documentos oficiales durante todo el año 2026. Asimismo, el Ministerio de Cultura deberá establecer la traducción de la denominación del año 2026 a las lenguas indígenas u originarias que correspondan, para su uso en los distritos, provincias y departamentos en donde predominen.

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El decreto supremo es refrendado por el presidente de la república, José Jerí, y el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez. 

¿POR QUÉ LOS AÑOS LLEVAN DENOMINACIONES?

La denominación de cada año responde a decisiones del Gobierno y forma parte de las políticas que buscan promover el desarrollo y el bienestar de la población.

En ese marco, la Política General de Gobierno 2025-2026, llamada Transición Democrática y Reconciliación Nacional, plantea como uno de sus objetivos fortalecer la democracia y las instituciones del país.

Por ello, con el fin de reforzar la democracia, el respeto al orden constitucional y generar conciencia sobre su importancia para el bienestar común, se declaró el año 2026 como el Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia.

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