De enero a abril del 2018, la Contraloría General de la República sancionó administrativamente a 468 funcionarios y servidores públicos, a nivel nacional, por incurrir en faltas graves o muy graves durante el ejercicio de sus funciones, por lo que están impedidos de trabajar en el Estado.

La entidad de control precisó que, de acuerdo a la gravedad de las infracciones, los funcionarios o servidores públicos fueron suspendidos de 30 a 360 días o inhabilitados para ejercer la función pública de 1 a 5 años.

Del total de sancionados administrativamente, 153 sanciones quedaron consentidas en primera instancia, es decir, no fueron apeladas por los sancionados; y 315 fueron confirmadas en segunda instancia por el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas (TSRA). 

Las regiones que concentran el mayor número de funcionarios y servidores sanciones son Lima (85), Cajamarca (50), Lambayeque (46), Tumbes (30) y La Libertad (25).

/CP/