La Contraloría General reveló que, al 31 de julio del 2018, un total de 967 funcionarios y servidores públicos se encontraban suspendidos o inhabilitados temporalmente para trabajar en el Estado. Contaban con una sanción vigente por haber cometido infracciones administrativas graves o muy graves en el ejercicio de sus labores.

Los departamentos que presentan mayor número de casos son: Lima (171), debido a que concentra el mayor número de entidades públicas; Cajamarca (90), Lambayeque (76), Tumbes (63), Arequipa (57) y Ayacucho (52).

Por otro lado, las entidades con mayor número de sancionados son: Gobierno Regional de Tumbes (28), Hospital Regional José Alfredo Mendoza Olavarría - JAMO, Tumbes (25), Gobierno Regional de Pasco (21) y Municipalidad Provincial de Chiclayo - Lambayeque (20).

De acuerdo a la gravedad de la infracción, los sancionados fueron suspendidos temporalmente para trabajar en el Estado durante 30 hasta 360 días o inhabilitados para ejercer la función pública de uno a cinco años.

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