La Contraloría General detectó pagos sin justificación por S/. 185.6 millones en ocho contratos de mantenimiento de carreteras ejecutados por Provías Nacional durante el periodo 2009-2015, informaron.

Añadieron que estas presuntas irregularidades se detectaron tras realizar auditorías de cumplimiento a la mencionada entidad encargada de realizar obras en la Red Vial Nacional.

IRREGULARIDADES

La Contraloría detectó que cuatro de los ocho contratos revisados se suscribieron como “prestación de servicios generales” cuando correspondía contratarse como una “ejecución de obras”. Esto dio lugar a que las exigencias y controles establecidos para la contratación se dejaran de lado, incluso se optó por contratistas sin experiencia en mantenimiento de carreteras.

En los ocho contratos se establecieron fórmulas de reajustes de precios que no correspondían, generando mayores pagos por S/ 83,5 millones. Tampoco se implementó una supervisión adecuada y continua de los trabajos y se autorizaron pagos adicionales de mantenimiento como trabajos de emergencia hasta por S/ 16,9 millones de soles. Se pagó injustificadamente una longitud en exceso de 22,3 km como prestación adicional por S/ 5,9 millones. Asimismo, se otorgaron conformidades de servicios a obras mal ejecutadas o no realizadas.

El mantenimiento de los puentes Pizana y Punta Arenas, cuyos trabajos se pagaron como “emergencia” cuando correspondía contratarse como obra pública y previo proceso de selección. El Estado pagó por estos trabajos S/ 47,4 millones pese a que no están en condiciones de operar de acuerdo a las exigencias de los reglamentos vigentes.

Adicionalmente, la Contraloría detectó pagos hasta por S/ 44,2 millones por trabajos que no cumplen con los niveles de servicio exigidos contractualmente. También se identificó el inadecuado cálculo de penalidades, intereses e incumplimiento en la subsanación de defectos constructivos, generando perjuicio al Estado por S/ 9,1 millones.

En la inspección física a las ocho carreteras, se observó que diversos tramos presentan deficiencias, con mayor incidencia en baches, hundimientos de la plataforma, fisuras, desgaste y ahuellamientos en la superficie de rodadura, pese a que las obras ya culminaron. 

La interposición de las acciones legales derivadas de los informes resultantes de las ocho (08) auditorías está a cargo de la Procuraduría Pública de la Contraloría General de la República.

Las carreteras involucradas son:



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