La Defensoría del Pueblo de Cusco rechazó la decisión de "expulsión" de ciudadanos venezolanos que acordó el Comité de Seguridad Ciudadana del distrito cusqueño de Pichari, ubicado en la provincia de La Convención, presidido y aprobado por el alcalde de esta jurisdicción.

Rosa Santa Cruz, representante de la Defensoría, declaró que la medida carece de un respaldo constitucional y legal y pidió al Ministerio Público con un oficio el inicio de una investigación por el presunto delito de discriminación a estos extranjeros.

“Hay una obligación del Estado, de las instituciones, del Gobierno Regional, de los municipios para evitar que se produzcan actos de xenofobia”, afirmó la funcionaria, no obstante, recalcó que la probable Municipalidad podría ser investigada por la fiscalía, al haber dispuesto un auditorio para la polémica decisión.

Andina