En tal sentido, el JNE indicó que los promotores de este derecho ciudadano no podrán adquirir los kits electorales hasta el 1 de enero de ese año, a fin de darles a las autoridades la oportunidad de ser evaluados adecuadamente y no afectar el sistema democrático.

La norma establece que los ciudadanos que promuevan la revocatoria deberán cumplir con detallar los cuestionamientos a la autoridad o las deficiencias en el ejercicio de su cargo que hayan significado irregularidades en la gestión municipal o regional.

En su oportunidad, la venta de los kits estará a cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), mientras que la verificación de la autenticidad de las firmas de adherencia será de cuenta del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

De otro lado, la resolución del máximo organismo electoral resalta que la aplicación de la revocatoria en el país ha demostrado la necesidad de introducir sustantivos cambios orientados a su mejor regulación y que, tras un exhaustivo análisis, ha motivado la presentación conjunta (JNE, ONPE, Reniec) de un Proyecto de Nueva Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos ante el Congreso de la República, el que aún se encuentra pendiente de debate y aprobación.

/CCH/ Andina