El procurador antiocorrupción Antonio Maldonado Paredes, recomendó a los fiscales del Equipo Especial Lava Jato priorizar la elaboración de la acusación judicial contra Keiko Fujimori, investigada por la entrega de dinero de Odebrecht para sus campañas electorales.

Fue al ser consultado respecto a la nueva solicitud del Ministerio Público de prisión preventiva por 36 meses contra la lideresa de Fuerza Popular y cuyo pedido será resuelto por el Poder Judicial el próximo 26 de diciembre.

En entrevista con “Diálogo Abierto” de Radio Nacional, Maldonado Paredes, dijo que “los fiscales deben avanzar, priorizar y concentrar sus acciones en la preparación de la acusación e ir al juicio oral”.

Respecto a los 24 años y 10 meses de pena privativa de la libertad solicitada contra Fujimori Higuchi, el exprocurador dijo que responde a la sumatoria de penas y la incorporación de nuevos delitos bajo la figura del concurso real de delitos contemplado en el Código Penal.

Acuerdo con Odebrecht

Maldonado Paredes, destacó también que el avance en las investigaciones por casos de corrupción vinculados a la empresa brasileña Odebrecht en el Perú no hubiese sido posible sin el acuerdo de colaboración eficaz.

Citó como ejemplo las declaraciones dadas en Brasil por Jorge Barata, quien ayer ratificó al equipo de fiscales que entregó un millón de dólares a la campaña de Keiko Fujimori en el 2011.

El exprocurador indicó que el referido acuerdo ha permitido revelaciones muy interesantes, que van a fortalecer las hipótesis del Equipo Especial Lava Jato.

Sobre los cuestionamientos a la devolución de los recursos por la venta de la central hidroeléctrica Chaglla, la tercera más grande de Perú, afirmó que le parecen infundados.

Tribunal Constitucional

En otro momento, Maldonado Paredes, dijo no sentirse representado por el actual Tribunal Constitucional, debido a su “falta de independencia”, en referencia al fallo que permitió la libertad de Keiko Fujimori.

En ese sentido, propuso al nuevo congreso modificar el mecanismo de elección de los magistrados del TC mediante una reforma constitucional a fin que responsa a intereses políticos. 

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