El Ministerio de Justicia creó un grupo de trabajo para coadyuvar en la defensa y estrategia jurídica del Estado ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH y Corte IDH), en los casos relativos a personas procesadas y condenadas por terrorismo.

La creación de dicho grupo se dispuso en atención a la recomendación de la Procuraduría Pública Especializada Supranacional, a fin de contribuir con la defensa peruana en los procesos en trámite, así como en eventuales procesos ante el fuero supranacional, de ser el caso.

Según una resolución ministerial, publicada hoy en la separata Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, este grupo estará conformado por un representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, quien lo presidirá.

Además, lo integrarán un representante del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, quien actuará en la Secretaría Técnica; uno de la Procuraduría Pública Especializada Supranacional y otro de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Terrorismo.

De igual forma, el grupo contará con un representante del Consejo de Reparaciones, uno del Consejo Nacional Penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario, así como del Ministerio Público, Poder Judicial, Fuero Militar Policial, Ministerio del Interior y de la Dirección Ejecutiva contra el Terrorismo de la Policía Nacional del Perú.

También formarán parte un representante del Ministerio de Defensa y los integrantes de la Asesoría Especializada en casos de Derechos Humanos.

La CIDH emitió en enero un informe de admisibilidad respecto de 59 peticiones que involucran a 63 personas procesadas por delitos de traición a la Patria, terrorismo y colaboración con el terrorismo, que fueron acumuladas y serán tramitadas.

Asimismo, se hallan en trámite ante la comisión diversas peticiones y casos, en etapas de admisibilidad y fondo, que involucran a peticionarios procesados y condenados por el delito de terrorismo.

Frente a ello, se añade en la referida norma legal, resulta necesario complementar y unificar la estrategia de defensa jurídica del Estado peruano.

El grupo de trabajo se instalará en un plazo de 10 días hábiles contados desde la publicación de esta resolución, la cual lleva la firma del titular de Justicia y Derechos Humanos, Gustavo Adrianzén.

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