El Gobierno espera solucionar a través del diálogo las diferencias con los jóvenes respecto a la ley que crea el nuevo régimen laboral, aseguró la jefa del Gabinete, Ana Jara Velásquez.

Por ello, confirmó la puesta en marcha de un programa de comunicación cuyo objetivo será informar a los jóvenes las ventajas de esta norma, así como combatir la desinformación existente alrededor del nuevo régimen.

Jara, en consecuencia, descartó que el Ejecutivo vaya a apoyar la derogatoria de la ley, tal como lo demandan los sectores opuestos a ella.

"Hemos abierto el diálogo desde el saque muchachos; agotemos el debate, dialoguemos. Los vacíos, las omisiones y las lagunas que pudiera tener esta herramienta legal, van a ser suplidas en el reglamento", señaló.

Sobre las tres marchas que se han realizado hasta ahora en contra de la ley, manifestó que entiende el malestar de los jóvenes, pero consideró necesario decirles que no recorta derechos, sino, por el contrario, apunta a dar un marco de protección a los más desprotegidos laboralmente.

"Estamos abriendo el diálogo, los chicos tienen avidez de conocer la norma y estamos obligados, como un gobierno serio que somos, a darles las explicaciones y a recoger todas sus inquietudes en el reglamento", manifestó.

En ese sentido, refirió, en el reglamento debe quedar claro que la ley es solo para el primer empleo.

Igualmente, indicó que debe establecerse el pago de utilidades y las sanciones y multas a las empresas que incumplan la norma.

Fonavi

Por otro lado, la jefa del Gabinete señaló que el Ejecutivo tiene toda la intención de pagar a los fonavistas, pero el Tribunal Constitucional (TC) debe aclarar primero algunos puntos de su sentencia, sobre todo en lo referido a la generación de nuevos recursos.

Indicó que la Procuraduría del Congreso ya ha presentado un pedido de aclaración en ese sentido, por lo cual se espera la explicación del TC de cómo el Ejecutivo debe generar nuevos recursos para pagar a los eventuales beneficiados inscritos hasta el 2016.

Al respecto, señaló que el Ejecutivo ya tiene un monto a distribuir entre un determinado número de beneficiarios, pero la prórroga dispuesta por el TC hace inaplicable ese pago, pues la cuota de beneficiarios podría crecer.

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