Equipo jurídico a cargo de caso Belaúnde Lossio viajó a Bolivia buscando lograr su expulsión
El equipo jurídico a cargo del caso Martín Belaúnde viaja a Bolivia con la confianza de lograr la expulsión del prófugo empresario, en vista de la situación jurídica que debe enfrentar en el Perú, informó el procurador ad hoc Joel Segura.
"Hay confianza, hemos trabajado el tema con el grupo por varios días y sabemos las gestiones que debemos hacer. Esperamos que las autoridades bolivianas definan rápido lo del refugio y se dé su expulsión inmediata", señaló a la Agencia Andina.
Según recordó, la estrategia a la que apunta el Estado peruano consiste en que el empresario sea expulsado en vista de que constituye el mecanismo más rápido para ponerlo a disposición de la justicia, a diferencia de un proceso de extradición.
Segura adelantó que la agenda comprende la búsqueda de reuniones con los ministerios bolivianos de Justicia, y de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Interpol, migraciones, y autoridades que tienen que ver con el caso.
En dichos encuentros se informará todos los detalles que hay en torno a las investigaciones que pesan sobre el prófugo empresario.
"Tenemos optimismo en lograr conversaciones directas para expresarles que nuestra preocupación es enteramente jurídica, no de carácter político, y que se vea a ese nivel el caso de Martín Belaúnde", explicó el procurador ad hoc.
Tras referir que el equipo ha estudiado detalladamente las leyes para este caso, señaló que también se apelará a los lazos de reciprocidad que existen entre Perú y Bolivia en materia de lucha contra la corrupción.
El abogado mencionó, como ejemplo, el caso del ex prefecto de La Paz, Luis Alberto Valle, que fue deportado del país en el año 2010 a pedido de Bolivia, cuya justicia lo requería por malversación de fondos.
Segura indicó que si bien la resolución que autoriza su viaje a territorio boliviano fija el retorno para el 22 de enero, se espera no llegar hasta esa fecha para lograr la expulsión de Belaúnde Lossio, sino antes.
Asimismo precisó que si el empresario sale de Bolivia perdería los privilegios que hoy le consignan por haber solicitado refugio. "En ese caso no tendría ninguna protección boliviana, su situación legal sería otra y tendríamos que hacer gestiones con el otro país", manifestó el procurador.
/B.B.V./