Los titulares y representantes de diversas instituciones del Estado, como el Poder Judicial, Fiscalía de la Nación, Ministerios de Defensa, Interior y Educación, la Defensoría del Pueblo, entre otros, expresaron hoy su compromiso de contribuir con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), para el adecuado desarrollo de las elecciones del 10 de abril.

En una reunión de trabajo convocada por el jefe de organismo electoral, Mariano Cucho Espinoza, señalaron que en el marco de sus respectivas funciones y competencias participarán activamente para garantizar la seguridad del proceso electoral así como la institucionalidad democrática del país.

En la cita, el presidente del Poder Judicial, Víctor Ticona Postigo, señaló que los jueces sancionarán con firmeza y celeridad, en el marco de la ley, los eventuales actos de violencia u otros delitos electorales que se perpetren con motivo de la jornada electoral.

“Queremos reafirmar, una vez más, nuestro compromiso con la democracia y, en el ámbito de nuestras competencias legales, vamos a contribuir a que la voluntad popular sea respetada”, puntualizó.

Al respecto, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, adelantó que dará las instrucciones necesarias para los fiscales que sean desplegados a los locales de votación durante los comicios para que apliquen con firmeza la ley y denuncien a quienes puedan perturbar el acto electoral.

El ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, por su parte, señaló que se desplegarán los efectivos policiales necesarios para garantizar la seguridad antes, durante y después del proceso electoral. 

También hizo lo propio el contralmirante Luis de la Flor, jefe de la Primera División del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, respecto a la participación del personal castrense.

El defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega Luna; y el jefe de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros, Henry Ávila Herrera, coincidieron en la importancia de prevenir la conflictividad social que podría repercutir en el desarrollo de los comicios, y manifestaron que colaborarán con la ONPE en ese eventual escenario.

En esa línea se propuso elaborar un protocolo y mapa de prevención de conflictos sociales para definir cómo actuar en esas circunstancias.

Por su parte, la representante del Ministerio de Educación, Liliana Parras Reyes, aseguró que se darán las facilidades para la entrega a tiempo de las instituciones educativas que serán locales de votación el 10 de abril, a afectos de que la ONPE pueda acondicionarlas con la debida anticipación para recibir a los electores. 

El jefe del organismo agradeció la disposición expresada por los titulares y representantes de las instituciones del Estado que participaron en la reunión. 

Asimismo, destacó que el horizonte común es el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, por lo que -añadió- es necesario preservar el desarrollo normal del proceso electoral y deslindar, rechazar y sancionar cualquier acto de violencia que pretenda afectarlo. 

/C.CH.A./ Andina