Durante los primeros 180 días de gestión, el gobierno del presidente Martín Vizcarra realizó acciones en materia de lucha contra la corrupción. Con el decidido impulso del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) se aprobó el Decreto Legislativo 1385 que sanciona los actos de corrupción cometidos dentro del ámbito privado hasta con 4 años de pena privativa de la libertad, inhabilitación y días multa.

La norma, publicada el 4 de setiembre, que modifica además el Código Penal, establece que se sancionará a los socios, accionistas o gerentes que reciban algún tipo de beneficio económico indebido para generar alianzas ilegales en perjuicio de la libre competencia empresarial y de la empresa a la que pertenece. Del mismo modo, se sancionará al particular que ofrece beneficios a cambio de algún tipo de trato especial o diferenciado.

Es importante mencionar que esta propuesta refuerza las estrategias anticorrupción asumidas por el Gobierno y su presentación cubre un vacío normativo que no permitía sancionar los comportamientos corruptos que se presentan en el sector privado. La regulación actual solo alcanza el ámbito administrativo y sanciones pecuniarias.

Con la promulgación de esta norma recibirán sanción penal los actos de corrupción que afectan el normal desarrollo de las relaciones comerciales y la competencia leal de las empresas. La corrupción privada es un delito en diversos países latinoamericanos y europeos.

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