El exprocurador Anticorrupción, Iván Montoya, consideró que de acuerdo a una interpretación del Código Penal boliviano, procedería la extradición del empresario Martín Belaúnde Lossio por el presunto delito de peculado, relacionado con el caso "la centralita" de Áncash.

Indicó que en la actualidad dicho ciudadano peruano está bajo la condición de arresto provisorio con fines de extradición, teniendo el Perú 60 días para armar el cuaderno respectivo, que contenga todos los requisitos necesarios.

"Creo que de una interpretación normal del Código Penal boliviano debería proceder la extradición y eso autoriza al Perú para que sea juzgado como cómplice de peculado en nuestro país", precisó.

Montoya refirió que escuchó con sorpresa algunos comentarios respecto a que no procedería la extradición para el caso "la centralita", porque Belaunde Lossio no tiene la condición de funcionario público.

"En el Código Penal boliviano hay una cláusula que parecería indicar que para los particulares que hubieran cooperado con algún funcionario público en el delito de peculado, no procedería porque la calidad de funcionario público no se le comunica al particular", señaló.

Sin embargo, explicó que existe un último párrafo en el Código Penal de ese país donde se señala que si "no se le comunica, la pena será disminuida", es decir: "sí son pasibles de ser responsables con la diferencia de que no tendrían la misma pena que un funcionario público".  

En otro momento, afirmó que un escenario complicado sería, tal como ocurrió con el expresidente Alberto Fujimori al ser extraditado desde Chile, que el juzgamiento en el Perú "se realice a cuenta gotas" por cada proceso que Bolivia permita.

"Lo óptimo sería que una vez fenecido su solicitud de refugio, y siempre que esta no fuera concedida, Belaunde Losio sea expulsado al Perú por su ingresó ilegal, sin que se produzca el proceso de extradición; de esa forma habilita al Perú para juzgarlo por cualquier delito", señaló.

/B.B.V./