“Programa País” es el primer paso en aspiración del Perú de ser miembro pleno de la OCDE
La presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara Velásquez, presentó ante el Foro del Acuerdo Nacional (AN) el denominado ‘Programa País’ para el bienio 2015-2016, el cual, afirmó, es el primer paso en la aspiración del Perú de ser miembro pleno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que reúne a 34 Estados que juntos representan alrededor del 80% del PBI mundial.
El Programa País no es un mecanismo de incorporación a la OCDE, sino el inicio del proceso estructurado de vinculación del Estado Peruano con la organización, mediante el establecimiento de una relación de cooperación para el mutuo beneficio, y un reconocimiento a los avances significativos que como país hemos dado en los últimos años en materia económica y social, subrayó Jara Velásquez.
Precisó que está orientado a que el Perú alcance un conjunto de estándares y prácticas que contribuirán, mediante la mejora de la calidad de las políticas públicas, a que acortemos la curva de aprendizaje hacia el desarrollo económico, social e institucional, el buen gobierno y el fortalecimiento del Estado de Derecho.
Al intervenir en la sesión 113 del Foro del Acuerdo Nacional, que se realizó bajo su presidencia en el Palacio de Torre Tagle, sede de la Cancillería, la jefa del Gabinete Ministerial explicó que la relación de cooperación con la OCDE en el marco del Programa País se centrará en ciertas áreas consideradas sustantivas, de acuerdo a las prioridades y políticas nacionales.
LINEAMIENTOS GENERALES
Detalló que se realizará en el marco de cuatro lineamientos generales: Alinear el crecimiento económico con la inclusión social, mejorar la competitividad y diversificar la economía nacional, incrementar la credibilidad de la institucionalidad pública y lograr mejores resultados ambientales.
“Todo ello con el fin de implementar las mejores prácticas y los estándares que nos permitan caminar hacia el desarrollo económico sostenible con inclusión social, promover la competitividad y la diversificación económico-productiva, así como la eficacia y legitimidad de la actuación de las instituciones públicas en un marco de respeto de los derechos humanos y el medio ambiente”, recalcó.
Tras destacar que la OCDE busca establecer vínculos con un limitado número de países, en particular con aquellos que han dado avances significativos en el proceso de consolidar el difícil camino hacia el desarrollo, Jara Velásquez sostuvo que el proceso de vinculación del Perú con esta organización debe ser asumido como una política de Estado, en razón de su trascendencia para el país y los altos intereses nacionales.
“Por eso, invoco el compromiso total de los actores aquí representados para continuar siendo parte de este proceso. La participación de todos nosotros: el Gobierno, partidos políticos, gremios sindicales y empresariales y sociedad civil, será fundamental para fortalecer los marcos regulatorios que aseguren una adecuada gobernanza pública orientada a garantizar la inclusión social y el crecimiento con equidad”, enfatizó.
Sólo así –remarcó-, se fortalecerá la cultura del consenso, que es la base de la democracia, y se garantizará la continuidad y sostenibilidad del proceso.
“En conclusión, el Programa País es el inicio de un proceso que, aspiramos, nos deberá conducir a formar parte de la OCDE pero, cuyo valor o fin último no consiste en el acceso a la organización, sino en la mejora de nuestro marco institucional para asegurar el desarrollo económico con inclusión social”, puntualizó.
Finalmente, sostuvo que como resultado de este proceso se espera la consolidación del sistema democrático, el Estado de derecho y el buen gobierno; el reconocimiento internacional como país estable y transparente, con “riesgo país” mínimo; la mejor formulación de políticas públicas para consolidar el crecimiento económico sostenible con inclusión social y delinear la agenda nacional para el desarrollo, y profundizar la participación ciudadana y la transparencia en la gestión gubernamental y las capacidades de control y fiscalización por parte de la sociedad, entre otros aspectos.
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