Con la finalidad de regular la propaganda electoral sobre la base de principios, para evitar la proliferación de denuncias sin sustento que dañan la imagen y el honor de las personas, y evitar candidatos con campañas millonarias, fueron puestas en debate las modificaciones a la Ley de Partidos Políticos.

El congresista Jaime Delgado (DyD), dijo que la propaganda electoral como la publicidad debe regularse y que el Estado deberá supervisarla para evitar que algunos candidatos hagan propuestas irrealizables. Dijo que ello desnaturaliza el proceso electoral y atenta contra la transparencia y la democracia. 

Por su parte, Rosa Mavila (FA-AP) propuso consignar reglas claras en cuanto al dinero y al gasto de los partidos y candidatos. Recomendó además una buena estructura política para evitar ingresos irregulares porque el financiamiento privado debe estar debidamente sustentado. 

El legislador Lenidas Huayama (NGP) planteó que los partidos políticos y movimientos regionales que no presenten su estado financiero a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en un plazo de un año, sean inhabilitados.

Los congresistas Mesías Guevara (AP-FA) y Omar Chehade (NGP) coincidieron en favor de la democracia interna de los partidos para evitar el caudillismo. 

El parlamentario Fernando Andrade (PP), insistió que en el caso de las alianzas electorales se baje a 1 % en vez de 2.5 %, también para los movimientos regionales. Señaló que los partidos políticos deben hacer alianzas con partidos políticos, al igual que los movimientos regionales con los mismos movimientos.

Para el legislador fujimorista Octavio Salazar, los partidos deben evitar la inscripción de agrupaciones vinculadas al terrorismo, e indicó que no pueden lograr su inscripción organizaciones que promuevan la destrucción del Estado de Derecho.

Por su parte, Martín Belaúnde (SN), pidió que se incorpore un proyecto suyo, el cual propone que no pueden ser candidatos aquellos que tengan sentencia firme de la justicia por terrorismo o tráfico de drogas o que hayan promovido atentados contra la vida, la libertad y el patrimonio. Aclaró, empero, que ello deberá aplicarse ante una sentencia firme y no a un procesado porque se afectaría el derecho constitucional de la persona.

El parlamentario Héctor Becerril (FP), propuso incorporar a los movimientos regionales. “Se busca evitar que no duren el tiempo mediante alianzas, para que sean fuerzas políticas a nivel nacional”, explicó. 

Luego del citado debate, el presidente de la Comisión de Constitución, Fredy Otárola (NGP) solicitó un cuarto intermedio para que el proyecto se vote en la próxima sesión. 

/P.A.G./