Estos y otros avances en la lucha contra la violencia hacia la mujer fueron aprobados con la creación del Registro Nacional de Personas condenadas por delitos sexuales y delitos violentos en un texto final que acumuló ocho iniciativas legislativas de varias bancadas y que mereció 88 votos a favor por parte de la Representación Nacional.

Uno de los proyectos acumulados fue el Proyecto de Ley N° 2596, presentado por la congresista Tania Pariona, el cual, adicionalmente de proponer que sea un Registro público, como pedían las demás propuestas, estableció que la constancia sea de acceso gratuito a través de la web.

“La idea de la propuesta es apelar a la publicidad de los condenados por los delitos sexuales y delitos violentos, a fin de que se pueda prevenir contacto con niños, niñas y adolescentes, pues la evidencia señala que estos agresores tienen historial de denuncias sobre delitos cometidos”, señaló la congresista Tania Pariona.

“Esta iniciativa legislativa también se basa en la necesidad de individualizar y visibilizar la información sobre los delitos relacionados a violencia sexual y delitos violentos para que el Estado pueda tener un mejor análisis de este fenómeno y se puedan diseñar mejores políticas públicas”, manifestó la congresista de la bancada de Nuevo Perú.

De la misma manera, el texto final aprobado recoge otra propuesta de la congresista Tania Pariona, a fin de impedir trabajar o prestar cualquier tipo de servicio donde haya alumnado de educación superior técnica y universitaria, además de los centros educativos y privados en los que haya menores de edad como proponían los demás proyectos de ley, es decir, se ha logrado ampliar la inhabilitación para condenados por delitos antes mencionados.

En ese sentido, se han aprobado también proyectos de ley que aumentan las penas por el delito de violencia sexual. Del mismo modo, se aprobaron dos proyecto de ley a iniciativa del Ministerio Público, uno para prohibir el ingreso de niñas, niños y adolescentes a centros que brindan servicios de hospedaje, a fin de combatir la explotación sexual de este sector poblacional, y otro que busca la descarga procesal en el Sistema de Justicia Penal a nivel de los despachos fiscales y despachos judiciales para el archivo definitivo de delitos cometidos antes del año 1995, con excepción de casos de delitos lesa humanidad, violencia sexual, terrorismo, entre otros, lo cual permitirá priorizar procesos relacionados a delitos de violencia contra la mujer.

Otras de las importantes normas aprobadas es el Proyecto de Ley N° 1536, que propone modificar el Código Penal con la finalidad de sancionar el delito de explotación sexual, en sus diversas modalidades, para proteger con especial énfasis a las niñas y mujeres.

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