El director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Pablo de la Flor, propuso que las funciones de supervisión de la minería artesanal, actualmente en manos de los gobiernos regionales, retorne al gobierno central, específicamente al Ministerio de Energía y Minas, como una manera más eficaz de luchar contra la minería ilegal.

En el marco de la mesa de trabajo “Narcotráfico y minería ilegal, una amenaza para el país” en el CADE 2019, De la Flor dijo que los gobiernos regionales no tienen las competencias ni la voluntad para llevar a cabo esta supervisión, lo que en gran medida ha generado el avance de la minería ilegal en el país.

Señaló que en el país operan 300 000 mineros informales o ilegales, cuando hace 10 años eran 100 000, un crecimiento de 300%, pero además en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), donde deben inscribirse los mineros informales que aspiran a la formalidad, solo hay figuran 54 000 derechos mineros, 4 500 de ellos en Madre de Dios, y apenas 1 400 han logrado culminar el proceso de formalización.

Dijo, además, que la minería ilegal se ha convertido en una actividad más rentable que el narcotráfico, pues al año mueve entre dos a tres billones de dólares, el doble que las drogas.

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