La Comisión de Ética Parlamentaria viene procesando diversas denuncias contra parlamentarios de varias bancadas a los que se les implica en supuestas inconductas. Repasamos en esta nota casos pendientes de resolución en esta instancia del Poder Legislativo.

En fase de elaboración de informe final, tras la realización de la audiencia correspondiente, se encuentra el caso que involucra al actual presidente del Parlamento, Alejandro Soto, a quien se ha denunciado por su supuesta injerencia en la aprobación de la Ley 31751, referida a modificaciones en el plazo de prescripción de determinados delitos; que lo habrían favorecido.

En similar situación, tras la audiencia correspondiente, se encuentra el caso de Digna Calle (PP), referido a licencias solicitadas al Congreso para viajar a Estados Unidos desde enero. En ese país, la parlamentaria siguió asistiendo de manera virtual a las sesiones plenarias durante varios meses.

El informe final sobre la denuncia contra Hilda Portero (AP), vinculada a la compra de 200 sillas de ruedas, supuestamente hecha con dinero de sus trabajadores, también está en proceso de elaboración. Según esta denuncia, la parlamentaria habría donado luego dichos objetos a una entidad benéfica, atribuyéndose ella su adquisición.

Otro caso pendiente de informe final es el referido a Jorge Luis Flores (AP), parlamentario denunciado por el presunto recorte de remuneraciones a sus trabajadores. En este tema se ha realizado la audiencia correspondiente en la que se oyeron los descargos del denunciado.

En los próximos días también debe de darse a conocer el informe final sobre la denuncia contra María Acuña (APP), también por el supuesto recorte de sueldos a personal de su despacho.

Asimismo, se espera la presentación del informe final sobre el caso de Edgar Tello (BM) a quien se le denunció por similar causa, y también por presuntamente hostigar laboralmente a una trabajadora gestante y pedir una contribución a la Oficina Económica y Cultural de Taipéi en Perú.

Por otro lado,  se encuentran pendientes de debate y votación en el pleno del Poder Legislativo los informes finales sobre las denuncias contra la parlamentaria no agrupada María Cordero y contra Katy Ugarte (UDP).

A la primera se le imputa haber supuestamente obligado al personal de su oficina parlamentaria a darle parte de sus sueldos y también a costear sus gastos. Por ello se pide aplicarle una suspensión de 120 días legislativos.

En cuanto a Ugarte, se recomienda suspenderla durante 30 días de legislatura, debido a su responsabilidad en el recorte de remuneraciones de trabajadores de su despacho.

De igual manera, hay otros casos que se encuentran en fase de investigación, tras haber recibido calificación aprobatoria en la Comisión que preside Diego Bazán (Avanza País).

Entre ellos se encuentra el del congresista Paul Gutiérrez (BM), denunciado por presentar un proyecto de ley sobre pago de pensión por alimentos, pese a estar él inmerso en un caso vinculado a dicho ámbito.

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