Con el objetivo de garantizar que las comunidades del área de influencia directa (AID) del Aeropuerto Internacional Chinchero de Cusco se beneficien, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones estipuló dos requisitos contractuales para la ejecución de la obra. El primero es que un mínimo del 15% de mano de obra contratada provenga del AID. El segundo, que un mínimo del 20% de las contrataciones de bienes y servicios sea de la misma zona.

Ambos requisitos se estipularon de forma adicional a lo establecido en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto, documento que contiene las acciones para la mitigación de impactos de la obra, preservación del medio ambiente, de los bienes culturales de la zona y a favor de la protección a las poblaciones vulnerables. 

Del año 2022 a la fecha, los pobladores han participado en los trabajos de movimiento de tierras; y actualmente son contratados para la ejecución de las obras principales (terminal de pasajeros, pista de aterrizaje, torre de control). Es así que, a marzo de este año, el 19.23% del personal en obra es del área de influencia directa; y el 52.66% de las compras se realizaron en la zona.

Las comunidades campesinas de Yanacona, Ayllopongo (distrito de Chinchero) y Racchi Ayllo (distrito de Huayllabamba) conforman el área de influencia directa. Por tanto, los planes y programas sociales contemplados en la obra del aeropuerto están dirigidos a estos grupos sociales.

El MTC está cumpliendo todos los compromisos sociales establecidos en el Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIAD), de acuerdo al marco del Sistema Nacional del Impacto Ambiental, siendo reportado y fiscalizado por la Autoridad Ambiental del Sector Transporte.

Asimismo, se establecieron comités de compras locales, conformados por representantes de las tres comunidades y las municipalidades de Chinchero y Huayllabamba para la recepción de requerimientos de bienes y servicios del contratista. De la misma manera, se conformó un comité para la recepción de los requerimientos de mano de obra de la contratista.

En tal sentido, se han establecido mecanismos de representatividad para las comunidades durante la ejecución de la obra, garantizando así que sus necesidades de desarrollo económico sean cubiertas a través de la atención de bienes, servicios y mano de obra. Además, se fortalece sus capacidades mediante distintos programas, implementados en base al Estudio de Impacto Ambiental.

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