El Tribunal Constitucional, mediante el expediente 00004-2024-PCC/TC, decidió declarar improcedente el recurso de reposición presentado por el miembro de la Junta Nacional de Justicia, Aldo Vásquez Ríos, el cual proponía su apersonamiento al "presente proceso competencial como partícipe en calidad de tercero" en el proceso de demanda competencial.

Sin embargo, la institución encargada de interpretar la Constitución también decidió declarar procedente que el magistrado Vásquez Ríos sea incorporado como "tercero con interés en el resultado del proceso". Es decir, el exministro de Justicia y Derechos Humanos podrá participar en las audiencias que decida el TC realizar en torno a la demanda competencial, pero no podrá interponer recursos de apelación.

"Por tanto, a pesar de que el solicitante ha pedido erróneamente ser incorporado como partícipe en calidad de tercero, en aplicación del principio iura novit curia, este Tribunal Constitucional considera que sí le corresponde la condición de tercero con interés en el resultado del proceso, ya que es parte del proceso de amparo subyacente que motivó la emisión de la Resolución 1, de fecha 22 de marzo de 2024, suspendida en sus efectos por este Tribunal Constitucional en el presente proceso competencial", se lee en el documento emitido por el TC.

Vale detallar que el pleno del Congreso decidió aprobar, con 82 votos a favor, 15 en contra y 8 abstenciones, la autorización para que Alejandro Soto, presidente de la actual Mesa Directiva del Parlamento Nacional, interponga una demanda competencial y una medida cautelar ante el Tribunal Constitucional en abril de este año.

Con dicha acción, se pretendía que el Tribunal Constitucional determine si las decisiones adoptadas por el Congreso de la República pueden ser limitadas o restringidas por el Poder Judicial a través de la emisión de resoluciones judiciales que interrumpan acuerdos o resoluciones aprobadas por el Legislativo.

Finalmente, en respuesta a lo dispuesto por los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, Inés Tello y Aldo Vásquez, quienes presentaron recursos ante el Poder Judicial para ser restituidos en sus respectivos cargos, tras conocerse que el pleno del Parlamento decidió inhabilitarlos por 10 años de la función pública, por presuntamente infringir la Constitución. Dicha medida fue recomendada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, grupo parlamentario que votó mayoritariamente para que se les aplique la mencionada sanción.

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