Ante los recientes casos de posible apropiación de sueldos por parte de congresistas, el magistrado de la Corte Lima Norte, José Huaylla, explicó que los funcionarios públicos que incurren en concusión pueden ser sentenciados con hasta ocho años de pena privativa de la libertad, de acuerdo al Código Penal.

El delito de concusión es tipificado como un ilícito cometido por un servidor del Estado en contra de la administración pública en la que obliga a un particular para obtener un beneficio patrimonial. 

Huaylla se refirió al proceso del exparlamentario Wilson Urtecho, quien fue condenado a 22 años y cinco meses de prisión por cometer presuntos delitos de concusión, apropiación ilícita, lavado de activos y peculado. 

"Un claro ejemplo es el del caso del excongresista Urtecho, que fue condenado por el delito de concusión, porque abusó de ese poder que le otorgó el Estado para cobrar el sueldo de los trabajadores, lo que no le correspondía", señaló.

Respecto a las penas, el juez señaló que el tipo penal de concusión en la modalidad básica tiene una pena de dos a ocho años de cárcel, y que, considerando las agravantes, la pena puede incrementarse, y si concurre con otros delitos como enriquecimiento ilícito o peculado superaría los 30 años de prisión.

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