Tras la sesión de Junta de Portavoces, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, informó que el dictamen de los proyectos de ley que incorporan el delito de terrorismo urbano se incluirá en la agenda del pleno de este jueves 3 de octubre. En tanto, la Ley 32108, referido al crimen organizado, regresará a la Comisión de Justicia.

Salhuana refirió que en Junta de Portavoces se acordó que el miércoles se convoque a una mesa técnica con expertos en temas de seguridad y que al día siguiente se ponga a debate y votación de la representación parlamentaria el dictamen sobre los proyectos de ley de terrorismo urbano. 

"El miércoles mesa técnica y el jueves vamos a presentar un texto sustitutorio", declaró a la prensa. 

Sobre el pedido de algunos sectores para derogar la Ley 32108, que modifica aspectos regulatorios sobre el delito de crimen organizado, el titular del Parlamento indicó que en Junta de Portavoces se acordó que la norma regrese a la Comisión de Justicia y adelantó que la idea es modificarla, pero no derogarla. 

Salhuana reconoció que la modificación de la norma tomará más tiempo que la derogación porque debe hacerse a través de un dictamen, el cual tiene que discutirse y aprobarse en la comisión respectiva. 

"Lo que yo creo, mi posición personal es que habría que modificar varios aspectos, la definición de organización criminal, por ejemplo; el tema del allanamiento, tal como está redactado en realidad dificulta, pero eso ya lo verá comisión respectiva", declaró.  

La Ley 32108, promulgada en agosto pasado, establece los procedimientos para adoptar medidas excepcionales de limitación de derechos en investigaciones preliminares y dispone que los allanamientos se realicen con presencia del interesado y de su abogado.

Eduardo Salhuana había declarado el fin de semana que plantearía la convocatoria a un pleno para este martes 1 de octubre a fin de debatir ley sobre terrorismo urbano. Sin embargo, la Junta de Portavoces acordó aplazar el tema hasta el jueves.  

De igual, manera los portavoces de las bancadas rechazaron la exoneración del proyecto de ley 8709 que planteaba la derogatoria de la ley 32108, la cual ha sido criticada por presuntamente favorecer a las organizaciones criminales. 

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