Más de 400 empresas de transporte acatan una paralización de 72 horas a nivel nacional, la alarmante situación que atraviesa el país a causa del aumento de los hechos delictivos, especialmente los relacionados a la extorsión. La delincuencia común y el crimen organizado se han transformado en el principal problema de la ciudadanía, afectando severamente la seguridad y calidad de vida millones de peruanos. Según del Sistema de Denuncias de la Policía (Sidpol), solo en el 2023, las denuncias por extorsión aumentaron un 44 %, alcanzando las 22 302 denuncias en todo el territorio peruano.

La creciente ola de inseguridad también ha generado consecuencias negativas en el entorno empresarial y no parece existir un plan suficientemente estructurado que tenga un efecto real en el problema de la criminalidad.

La inseguridad ciudadana ha impactado en la productividad e ingresos de las personas naturales y de las empresas de todo tamaño. Los pequeños negocios están siendo afectados directamente ante la criminalidad y la extorsión, pero también las medianas y grandes empresas. Muchos peruanos que ven mejorar sus ingresos se convierten en potenciales víctimas de cobro de cupos, robo o secuestro. Asimismo, las empresas y sus trabajadores no pueden desarrollarse plenamente, lo que afecta la productividad y competitividad.

Este problema no sólo está presente en las zonas urbanas sino también en las zonas rurales donde operan economías ilícitas en el sector minero y agrario. Por ejemplo, de acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, entre el 2020 y noviembre del 2023, se han registrado operaciones sospechosas relacionadas con la minería ilegal por un valor aproximado de US$2392 millones.

Estas actividades generan además un daño ambiental por deforestación y contaminación. Entre el 2011 y 2020 se deforestaron 2.6 millones de hectáreas de bosque, afectando la biodiversidad de las zonas de influencia y destruyendo los ecosistemas.

Sumado a esto, se han dado a conocer casos de políticos que son financiados por el crimen organizado. Esto representa un reto para el país en las próximas elecciones.

En esa línea, en la presente edición de CADE Ejecutivos, foro empresarial organizado por IPAE Acción Empresarial, se llevará a cabo la sesión “Formalización y seguridad: propuestas de los trabajadores y empresarios”. En este espacio, actores del sector privado y la sociedad civil presentarán distintas iniciativas y acciones formuladas en conjunto para mitigar la delincuencia y el crimen organizando que viene afectando a la población, la productividad empresarial y las instituciones públicas.

Alfonso Bustamante, presidente de Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP); Felipe James, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI); Luis Villanueva, presidente de la Asociación para el Trabajo (APT) y secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú – FTCCP; y Jorge Zapata, presidente de la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) participarán de este espacio. La conducción estará a cargo de Camila Bozzo, jefa de Análisis Político del SAE de Apoyo Consultoría.

Cabe señalar que, en esta edición se destaca el rol que viene cumpliendo la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, presidida por Julio Cáceres Arce como coordinador local del evento, cuya gestión ha sido fundamental para que Arequipa obtenga este año la sede del foro empresarial más importante del país después de 12 años.

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