El gerente regional de Energía y Minas de Arequipa, Iván Prado Barreto, se refirió a las dificultades que enfrenta la formalización de los mineros en la región, destacando que, de los aproximadamente 88 000 mineros identificados a nivel nacional, en Arequipa hay 16 000 y solo 4300 tienen la posibilidad de formalizar su situación.

Prado Barreto explicó que el proceso de formalización enfrenta un importante "cuello de botella" relacionado con la firma del contrato de explotación, un acuerdo que debe ser negociado entre las partes involucradas, principalmente los mineros y los propietarios de las concesiones, este contrato es crucial para que los mineros puedan operar de manera legal, pero el tema de las regalías y las negociaciones con privados ha generado retrasos.

En lo que va del año 2024, la firma de estos contratos sigue siendo un desafío, incluso para los mineros que ya cuentan con los instrumentos necesarios, como la autorización de uso superficial y la declaración jurada sobre restos arqueológicos, además, el gerente regional destacó que existen áreas naturales protegidas y zonas de amortiguamiento en diversas provincias de Arequipa, donde no es posible realizar actividades mineras, estas áreas restringidas complican aún más la formalización, ya que los mineros que operan en ellas no pueden cumplir con los requisitos establecidos por la normativa, las restricciones también afectan el proceso, pues muchas concesiones mineras deben obtener opiniones vinculantes de varios organismos, como el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) y el Ministerio del Ambiente, para avanzar en la formalización de las concesiones.

A pesar de los avances en algunos frentes, el plazo de vigencia del proceso de formalización está establecido hasta el 31 de diciembre de 2024, lo que genera incertidumbre sobre el futuro de los mineros que aún no logran cumplir con todos los requisitos, el gobierno regional ha trabajado de la mano con el Ministerio de Energía y Minas, realizando mesas de diálogo con los grupos mineros para agilizar el proceso, pero las soluciones no dependen únicamente de los actores locales. Además, Prado Barreto mencionó que la ley aprobada por el Congreso, que extiende el Reinfo solo por seis meses, aún necesita la promulgación de la presidenta de la República.

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Si bien las perspectivas para 2025 no son del todo optimistas, el gerente regional señaló que el proceso de formalización se extenderá en el futuro y podría implicar nuevas coordinaciones entre los ministerios involucrados, a pesar de las dificultades, los 4300 mineros activos representan un avance respecto a los más de 60 000 mineros inactivos que no han cumplido con los requisitos técnicos, sin embargo, la falta de concesiones en áreas permitidas y la complejidad de los trámites administrativos siguen siendo obstáculos significativos.

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