Un total de 153 docentes de la región Arequipa están involucrados en denuncias por acoso, violencia sexual, psicológica, tocamientos indebidos y otros delitos en contra de alumnos y maestras, según reveló la consejera regional y presidenta de la Comisión de Educación, Marleny Arminta Valencia.

Las acusaciones registradas entre 2023 y 2024 han llevado a la apertura de Procesos Administrativos Disciplinarios (PAD) y en algunos casos a investigaciones penales a cargo del Ministerio Público y el Poder Judicial. Al respecto, la consejera ha solicitado informes a las 10 Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) de la región para conocer el estado de estos casos y las acciones disciplinarias adoptadas.

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Entre las UGEL con más denuncias figuran la UGEL Norte con 97 docentes investigados (41 en 2023 y 56 en 2024) y la UGEL Sur. Los delitos van desde violencia física y psicológica hasta acoso y tocamientos indebidos.

En el caso de la UGEL Sur, algunos docentes fueron destituidos, otros cesados temporalmente y varios casos están en investigación. La UGEL Camaná reportó un caso que involucra a un docente acusado de proponer citas a escondidas y realizar tocamientos indebidos a una menor, mientras que la UGEL Condesuyos reportó un caso de violencia sexual y otro de trata de personas, cuyo docente implicado se encuentra actualmente en prisión.

El panorama en otras UGEL no es distinto. La UGEL Castilla informó sobre cinco docentes investigados en 2024, dos de ellos reincidentes en presunta violencia sexual, mientras que la UGEL Islay registra seis casos en investigación preliminar. La UGEL Caravelí reportó cuatro procesos administrativos, de los cuales dos fueron archivados, en tanto, la UGEL Caylloma investiga a dos maestras por presunta violencia psicológica.

Por su parte, la UGEL La Joya indicó que en 2024 se abrió un proceso contra una docente por violencia física, mientras que la UGEL La Unión señaló que cinco docentes (tres varones y dos mujeres) enfrentan procesos administrativos, de los cuales tres están investigados por violencia sexual.

Ante esta situación, la consejera Marleny Arminta Valencia criticó la lentitud y el secretismo con el que se manejan estos procesos, pues algunas UGEL solo brindaron cifras generales sin detalles. También cuestionó que 17 de estos casos hayan prescrito, lo que impide sancionar a los responsables. En ese sentido, la consejera exigió mayor celeridad en la atención de estos procesos y pidió que se priorice la protección de los estudiantes y maestras afectados.

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