Las 112 leyes emitidas por el Poder Ejecutivo, en el marco de las facultades legislativas otorgadas por el Congreso, buscan que el Perú sea un país más justo, moderno y con más oportunidades, señaló la Presidencia del Consejo de Ministros.

A través de una nota de prensa se señala que las leyes emitidas se enfocan en cinco ejes: 100% de cobertura de agua y saneamiento, reactivación económica y formalización, lucha contra la corrupción, seguridad ciudadana y simplificación administrativa.

“En agua y saneamiento nos hemos enfocado en dos aspectos: recursos para cerrar las brechas de infraestructura que se mantienen principalmente en las áreas rurales, y fortalecimiento de la capacidad de gestión de las Empresas Prestadoras de los Servicios de Saneamiento (EPS) así como del marco regulatorio y del supervisor, la Sunass”, agrega.

Indicó que los decretos de reactivación económica y formalización están enfocados en tres actores: la clase media, los pequeños empresarios y la reactivación de la inversión privada y pública. 

Sobre los dos primeros, es la primera vez que el Ministerio de Economía y Finanzas lidera una reforma pensada en ellos. 

Respecto al tercero, subrayó, se han realizado cambios a las leyes de Obras por Impuestos y a las Asociaciones Público Privadas, se ha fortalecido la labor de Proinversión y se ha reemplazado el SNIP por el sistema Invierte.pe, que permitirá que los gobiernos regionales y locales puedan formular y ejecutar sus proyectos de manera más sencilla y rápida. 

En lucha contra la corrupción , se han realizados cambios legales para abordar el problema desde tres ámbitos: prevención, persecución y sanción y reinserción.

De esta manera, se ha creado la Autoridad Autónoma de Transparencia, se ha fortalecido la autonomía de la Procuraduría del Estado,se han realizado 40 cambios a la Ley de Contrataciones del Estado,  se ha aprobado la muerte civil para que los corruptos no puedan trabajar nunca más en el sector público y se ha aprobado la responsabilidad administrativa y penal de las empresas en casos de corrupción. 

En seguridad, los decretos legislativos fortalecen la lucha contra el crimen organizado y la tenencia ilegal de armas; crean herramientas efectivas para la lucha contra la corrupción en el sector Interior, como la obligación de los oficiales y suboficiales de la Policía a presentar declaración jurada de ingresos, bienes y rentas. 

Además se establece el nuevo reglamento disciplinario de la Policía, que busca simplificar, acelerar y hacer más justas las investigaciones, sanciones y absoluciones. 

Asimismo, se prohíbe el uso de teléfonos celulares que hayan sido declarados robados. Todo ello se suma al programa nacional de recompensas, los megaoperativos, el programa Barrio Seguro, las estrategias de prevención y la presencia de 10.000 policías más en las calles. 

“Nuestro objetivo recuperar la confianza de la sociedad en  la Policía y reducir las víctimas de robo 14.8% a 10.5% al 2018”, indicó. 

/MO/ Andina/