El acceso a la justicia, participación, información y la protección a los defensores ambientales, entre los que destacan los pueblos indígenas, son derechos humanos fundamentales comprendidos en el Acuerdo de Escazú, tratado que debe ser ratificado a la brevedad por el Congreso de la República como parte de los esfuerzos del Estado en materia de protección al medio ambiente.

Este tema fue abordado en el “Foro Público: Promoviendo la ratificación del Acuerdo de Escazú”, organizado por la Asociación Civil Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), World Resources Institute y el Principio 10 LAC (red regional, conformada por más de 30 organizaciones que promueven el Acuerdo de Escazú).

“La ratificación abrirá el camino para reducir los conflictos socioambientales e implicará que las autoridades puedan enfocarse en mejorar la aplicación de sus normas. En lugar de rendir homenaje a los defensores ambientales asesinados, trabajemos en la defensa de los derechos ambientales para así evitar más muertes”, sostuvo Duberlí Rodríguez, presidente de la Comisión Nacional de Gestión Ambiental del Poder Judicial.

Sobre la ruta a seguir para ratificar el Acuerdo de Escazú, Omar Ortega del Ministerio de Relaciones Exteriores, señaló que el expediente correspondiente debe pasar al Congreso de la República, específicamente la Comisión de Relaciones Exteriores, encargada de la ratificación y finalmente el tratado pasará al Pleno del Congreso.

En ese sentido, se hace necesaria la ratificación del Acuerdo de Escazú por el Congreso de la República, con lo cual Perú se convertirá en uno de los países pioneros en proteger el medio ambiente y promover los derechos humanos en asuntos ambientales.

A su turno, Gabriela Paliza, directora de Información e Investigación Ambiental del Ministerio del Ambiente (Minam) explicó los avances que viene realizando desde su sector para lograr el objetivo de ratificar el Acuerdo, como la actualización del Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA). De igual modo hizo lo propio Juan Carlos Castro del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), quien presentó los diferentes mecanismos para poner a disposición la información ambiental y promover la participación, relacionada con el Acuerdo.

En el evento también estuvieron presentes Alan Fairlie del Parlamento Andino y la congresista Ana María Choquehuanca, quienes expresaron su compromiso por poner en agenda el Acuerdo.

“Es necesario incorporar el Acuerdo de Escazú a la agenda del Parlamento, la política no debe obstaculizar el desarrollo sostenible del país. Desde el Congreso no permitiremos que Perú quede rezagado en materia de protección al medio ambiente”, enfatizó la también exministra.

De otro lado, César Gamboa, director ejecutivo de DAR, destacó la labor de la sociedad civil en el proceso de la firma del Acuerdo de Escazú. “Saludamos los esfuerzos hechos por la ciudadanía y sociedad civil de la región durante este camino, quienes por más de 8 años han promovido este Acuerdo. Sigamos trabajando por el desarrollo sostenible, seguro y a largo plazo de nuestro país. El Acuerdo de Escazú permitirá reforzar la democracia ambiental en nuestro país”, expresó.

El Acuerdo de Escazú es uno de los tratados de derechos humanos y ambientales más importantes de los últimos 20 años y los países tienen como plazo para su ratificación hasta el 27 de setiembre de 2020.

DATO

El Acuerdo debe ser ratificado por 11 Estados para entrar en vigor. A la fecha ha sido suscrito por 16 países  (entre ellos Perú) y ratificado por Guyana el 18 de abril del 2019 y Bolivia, el 11 de junio de 2019 (aún no deposita su ratificación a las Naciones Unidas para su ratificación formal).

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