El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) reveló que en lo que va del año se han incautado 812 máquinas tragamonedas ilegales a nivel nacional. De las cuales, 107 eran dirigidas a menores de edad.

Estos decomisos forman parte de las acciones permanentes de Mincetur en la lucha contra la informalidad.

“Las acciones de control son permanentes. Un ejemplo: del total de las máquinas tragamonedas incautadas, 705 provenían de salas informales, con lo cual se demuestra el trabajo que se realiza en la lucha contra cualquier intento de informalidad”, señaló el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

En la actualidad los operativos se vienen desarrollando, principalmente, en localidades alejadas a las capitales de regiones. Para ello, el Mincetur cuenta con el apoyo de las autoridades regionales, locales y Policía Nacional del Perú.

Como se recuerda el funcionamiento de casinos y tragamonedas sin autorización es un delito penado por Ley. El público en general puede denunciar estos ilícitos escribiendo al correo electrónico denuncias_casinos@mincetur.gob.pe o llamando al teléfono (01) 513- 6113.

OPERATIVO EN ATALAYA

El último operativo realizado por el Mincetur fue el 10 de diciembre, en la localidad de Atalaya (Ucayali). Allí se clausuró  dos salas de máquinas tragamonedas que funcionaban sin autorización. Se logró decomisar 78 máquinas tragamonedas, de las cuales dos eran destinadas para menores de edad.

Esta acción de control fue liderada por personal de Mincetur, en una acción conjunta con la Policía Nacional del Perú de la localidad de Atalaya.

IMPORTANTE

El decomiso de máquinas y clausura de local están determinados en el artículo 11° de la Ley N° 28945, que faculta a la Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas del Mincetur al cierre de todas aquellas salas que no cuentan con autorización, procediendo a la incautación de los equipos para su posterior destrucción.

De acuerdo al código penal, quienes participan en esta actividad ilegal serán objeto de pena privativa de la libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años, entre otras sanciones administrativas.

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