Corte de Lima dio mensaje de independencia y respeto a la autonomía de los jueces
Con un claro mensaje de independencia y autonomía de los Jueces, y con gran convicción de saberse capaces de enfrentar los retos que depara el nuevo año, el Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, doctor Miguel Ángel Rivera Gamboa presidió la ceremonia de apertura del Año Judicial 2020.
Durante su discurso oficial, el Dr. Rivera Gamboa afirmó enfáticamente que desde su despacho nunca se ha intentado forzar, torcer, inducir o sugerir una decisión jurisdiccional reservada exclusivamente al fuero individual de cada uno de los magistrados cuyo criterio, indicó, es respetado escrupulosamente.
Explicó que durante el año 2019 su Presidencia enfocó sus esfuerzos en conferir mayor transparencia y mejora de criterios durante la selección de personal contratado, en el cumplimiento escrupuloso del pago oportuno de las remuneraciones, en las campañas de salud a favor de los trabajadores y el pago de beneficios sociales.
En el ámbito presupuestal indicó que se ha logrado el financiamiento de siete programas de inversión, los mismos que permitirán la reposición de 14 ascensores para las sedes Alzamora, Barreto y Progreso cuya ejecución se iniciará en el mes de enero. Así también señaló que gracias al apoyo institucional se ha logrado la remodelación del Piso 7 de la sede Alzamora, así como la adquisición de equipos informáticos y mobiliario.
Continuó su discurso señalando que el presente año exigirá un esfuerzo administrativo sin precedentes para la Corte de Lima por la implementación del Código Procesal Penal que dará inicio a partir del 1 de julio y exigirá la creación de 48 nuevos órganos jurisdiccionales, el arrendamiento, compra de mobiliario y adecuación de sedes judiciales, de personal y designación de 56 nuevos magistrados.
Finalizó su discurso refiriéndose a la remuneración del personal y los Jueces. En el caso de los primeros indicó que se emitió la norma que regula la nueva escala salarial y en el caso de los Jueces refirió que se encuentran movilizados en reclamo del cumplimiento de un derecho legalmente consagrado de nivelación de sus ingresos en los porcentajes previstos por la Ley 30125, tal como ha sido requerido al Ministerio de Economía y Finanzas desde setiembre del 2019.
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