Ante la acumulación temporal de residuos sólidos en el distrito de Santiago de Surco, la Defensoría del Pueblo recuerda que todos los gobiernos locales tienen el deber de prever medidas para garantizar que el servicio de recolección se realice de manera continua, regular, permanente, asegurando su calidad y cobertura. De lo contrario, las municipalidades pueden incurrir en responsabilidades administrativas y/o penales.

“No es la primera vez que se registran problemas en el recojo de basura. Esto se origina, principalmente, porque las autoridades distritales no adoptan medidas oportunas previas a la terminación de los contratos con las empresas prestadoras del servicio para garantizar que, durante la transición de un contrato a otro, no se interrumpa el servicio”, indicó Alberto Huerta, jefe de la Oficina de la Defensoría del Pueblo en Lima. Por ello, exhortó a los alcaldes distritales a actuar con previsión para evitar situaciones como la descrita.

Explicó que el recojo de basura no puede realizarse en cualquier vehículo y que la Municipalidad de Santiago de Surco debe garantizar que el personal encargado de estas tareas cuente con herramientas, equipos, insumos, implementos de seguridad y de protección personal adecuados, así como el cumplimiento de las disposiciones en materia de gestión de residuos sólidos, de seguridad y salud en el trabajo.

Cabe recordar que en el Informe Defensorial Nº 181: ¿Dónde va nuestra basura?, la Defensoría del Pueblo recomendó al Poder Ejecutivo y a los gobiernos locales incrementar la inversión pública y privada para mejorar la limpieza de las ciudades y la erradicación de los basurales urbanos y rurales.

Además, solicitó a los municipios una mejora en la provisión de los servicios de barrido, limpieza de espacios públicos y recolección selectiva de residuos.

De la misma manera, se puso en evidencia que, en el año 2018, el 73% de los residuos municipales eran aprovechables sin embargo gran parte de ellos fueron a parar a botaderos o rellenos sanitarios generando pérdidas millonarias para el país.

Al respecto, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos Ambientales reportó a la Defensoría del Pueblo la existencia de 636 procesos judiciales en trámite en todo el país, desde el año 2009 al 2018, donde se investiga la comisión de delitos ambientales por generar botaderos o vertederos permanentes de basura.

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