El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), en el marco de sus funciones, frente a las situaciones de protesta social en diferentes zonas del país, viene brindando servicios de asistencia y patrocinio legal gratuitos a quienes lo requieren, así como acciones en salvaguarda de los derechos humanos de las personas.

En ese marco, la Dirección General de Derechos Humanos (DGDH), como parte de la implementación del “Mecanismo Intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos”, en colaboración con la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, participó en el seguimiento de 43 casos de situaciones de riesgo contra periodistas en las ciudades de Lima, Aymaraes, Huaura, Caylloma, Cusco, Ica, Trujillo, Chiclayo y Puno. 

Asimismo, en coordinación con el Ministerio de Interior y la Policía Nacional, ha promovido acciones para la protección de los profesionales de la prensa, sobre todo en el caso de hostigamiento por parte de los manifestantes en los exteriores de la DIROES, en el que se recomendó un cordón policial que permitiera resguardar las labores de los periodistas.

De igual modo, luego de haber recibido alertas por parte de organizaciones de la sociedad civil sobre detenciones de manifestantes en la ciudad de Lima, la DGDH articuló con la Dirección General de Defensa Pública del MINJUSDH para propiciar su intervención en materia de asistencia y patrocinio legal.

También atendió el caso de dos defensores de derechos humanos en Ayacucho, de la Asociación Pro derechos Humanos (APRODEH) con sede en esa ciudad y de la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP), quienes, según se refirió, venían recibiendo amenazas por haber realizado actividades de defensa legal durante las manifestaciones en dicha localidad.

Igualmente, el 17 de diciembre, realizó coordinaciones con la Fiscalía Superior Nacional especializada en DDHH, interculturalidad y delitos de terrorismo, durante la intervención de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) en los locales de la Confederación Campesina del Perú y del Movimiento Nuevo Perú, donde se encontraban alojadas personas provenientes de diversas regiones del país. Del mismo modo, articuló la presencia de la Defensa Pública y el apoyo del Ministerio de Cultura con el servicio de intérpretes para garantizar el debido proceso.

En materia de intervención de las fuerzas del orden, la DGDH ha remitido comunicaciones al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Comandancia General de la PNP y al Ministerio Público, invocando el cumplimiento y las garantías para la correcta aplicación de los estándares de derechos humanos en casos de uso de la fuerza.

Desde La Dirección de Defensa Pública del MINJUSDH, entretanto, se ha atendido con servicios de asistencia técnica legal y/o patrocinio a 101 personas en las jurisdicciones en las que tuvieron lugar manifestaciones sociales. Los servicios se brindaron a través de las Direcciones Distritales de la Defensa Pública de Ica, Lima (equipo de Lima Centro y Lima Este), Apurímac, Arequipa, La Libertad, Huancavelica, Ayacucho, Cusco y Selva Central.

Y en atención al Decreto Supremo Nº 144-2022-PCM, sobre la inmovilización social obligatoria en las provincias de ocho regiones, la Defensa Pública continuará brindando sus servicios a través de los equipos de turno extraordinario y los turnos ordinarios, con el fin de salvaguardar los derechos de las personas. Aunado a ello, las y los directores distritales han recibido indicaciones para mantenerse alertas ante cualquier incidencia y/o requerimiento de atención, las 24 horas, en las zonas con inmovilización social obligatoria.

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