En medio del aplauso de los ciudadanos, agentes de la Policía Nacional empezaron el operativo para tomar el control de la carretera Panamericana Norte y liberar todos los bloqueos ubicados a lo largo de la provincia de Virú, región La Libertad, que impedían el libre tránsito a decenas de vehículos de carga pesada y de transporte de pasajeros.

Las acciones se ejecutaron luego de entrar en vigencia la declaratoria del estado de emergencia decretado por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) por 30 días a toda la región La Libertad, a fin de recuperar el orden interno.

Tras la liberación de la vía han empezado a avanzar los vehículos de carga pesada y de pasajeros que se encontraban varados desde el martes 17 de enero, así pudieron continuar con su destino hacia el norte y sur del país.

Sin embargo, el piquete más fuerte se encuentra en Nuevo Chao, donde los manifestantes se enfrentan a la Policía Nacional para impedir que se logre liberar totalmente la vía. Las fuerzas del orden son atacadas con piedras, mientras que ellos están usando bombas lacrimógenas para mantener a raya a los manifestantes violentistas.

La Cámara de Comercio de La Libertad (CCLL), saludó decisión de la PCM de declarar en estado de emergencia a la región La Libertad, tras los bloqueos de vías que se registran en las rutas de acceso a las provincias de Virú, Otuzco y Sánchez Carrión.

“Confiamos en que este estado de emergencia por 30 días calendario, permita a la Policía Nacional del Perú mantener el orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas, a fin de evitar poner en riesgo las vidas de las personas que intentan desplazarse al interior de la región y hacia diversas partes del país, considerando que a escala nacional ya existen más de 22 policías y 16 civiles heridos, así como 54 lamentables muertes a causa de las protestas, entre ellas un efectivo policial”, se lee en el comunicado del gremio empresarial.

Indicaron, asimismo, que el bloqueo de carreteras y la toma de aeropuertos, como ocurre en algunos departamentos del sur del país, no representa una legítima acción de reclamo, sino que desvirtúa las protestas amparadas por nuestra Constitución, convirtiéndose en un atentado contra el derecho de los ciudadanos a vivir en paz, a trabajar y a transitar libremente.

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