El representante permanente del Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Gustavo Adrianzén, destacó que el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconoció que el Estado peruano cuenta con una normativa clara y completa con respecto al derecho fundamental a la protesta pacífica.

En ese sentido, agregó que durante las protestas "se produjeron sucesos violentos que no están enmarcados naturalmente (en la protesta pacífica) ni protegidos por el derecho fundamental", ello en concordancia con lo expresado en el informe que investigó la situación de los derechos humanos durante las movilizaciones sociales entre diciembre de 2022 y enero de 2023.

Así, Adrianzén hizo mención de actos referidos en el informe como la toma de carreteras, actos vandálicos contra propiedad privada e instituciones públicas como el Ministerio Público y el Poder Judicial, además de agresiones a cuerpos del orden.

Además, el representante peruano ante la OEA resaltó y saludó que el informe expresa de manera concreta que en el Perú hubo un quebrantamiento del orden constitucional por parte del expresidente Pedro Castillo el pasado 7 de diciembre de 2022.

Por consiguiente, "se reconoce como la implementación constitucional de los procedimientos señalados en nuestra carta fundamental" la posterior sucesión constitucional de la Presidenta de la República, Dina Boluarte.

En otro momento, Adrianzén hizo referencia a lo señalado en el informe sobre los sucesos en las regiones de Puno y Ayacucho, resaltando el uso del lenguaje condicional ya que, por la naturaleza de la CIDH, el informe no podría ser concluyente.

Finalmente, manifestó que los sucesos detallados en el informe no corresponden a una política generalizada del Gobierno y que es necesario realizar las investigaciones pertinentes tal y como señaló la CIDH.

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