La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Perú revocar el indulto humanitario y derecho de gracia otorgado a Alberto Fujimori, por contravenir los compromisos internacionales del Estado peruano. Sin embargo, ¿cuán viable es el pedido de la CIDH si se considera que cada Estado es autónomo y aún más independiente el sistema legal bajo el que ejerce éste su soberanía? El abogado constitucionalista Natale Amprimo ensaya la siguiente respuesta:

“Desde mi óptica la Corte no tiene cómo saltarse las instancias nacionales. Lo que la Corte debería hacer es (recomendar) algo que ya está reconocido en la legislación peruana y en los fallos del Tribunal Constitucional, y es que si alguien cuestiona el indulto debe acudir a las instancias que nuestra legislación señala”, dijo.

En ese marco, el constitucionalista resaltó que el indulto y gracia presidencial otorgada a Alberto Fujimori ha cumplido con todas las formalidades que la ley exige, y que salvo se acrediten irregularidades en el informe médico que dio mérito a la decisión, no tendría porqué ésta ser revocada. 

“El tema está totalmente resuelto, más allá de la sensación o impresión política de la coincidencia u oportunidad política en que se dio (la no vacancia del presidente Kuczynski)”, enfatizó.

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