El Gobierno de transición y emergencia dio un paso trascendental en la reforma regulatoria orientada a lograr un Estado moderno que genere confianza y un mejor servicio a la población, al aprobar el Reglamento de Análisis de Impacto Regulatorio, el cual permitirá medir y evaluar sistemáticamente los impactos, costos y beneficios de los proyectos normativos de alcance nacional propuestos desde el Poder Ejecutivo.

La mencionada norma fue publicada hoy en el boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano, y precisa que la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros aprueba el Plan de Implementación Progresiva de dicho reglamento, el cual será aplicado en las entidades del Poder Ejecutivo; primero, en una fase piloto; y a partir del segundo semestre del año 2022 de manera obligatoria. 

A través de dicho reglamento se cambia la actual práctica regulatoria, que genera espacios potenciales de corrupción; hacia regulaciones claras, entendibles, coherentes que incrementen los espacios de integridad en la administración pública, en la economía y en la sociedad.

Asimismo, se elimina la práctica de implementación de regulaciones discrecionales, por lo general prescriptivas y mal diseñadas, hacia una situación de análisis e identificación del problema público que permitan la toma de decisiones basadas en evidencia y en innovación.

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