Últimamente, la controversia sobre el pago de IGV en el consumo de servicios de streaming como Netflix ha surgido una discusión entre el peruano de a pie, quien ven que su economía podría verse afectada al cubrir un monto más de lo previsto por utilizar una plataforma digital. No obstante, este cambio se integra en un esfuerzo global para regular la tributación de los servicios digitales prestados por empresas extranjeras en diversos países.

Asimismo, se ha detectado en las redes sociales y programas periodísticos que los ciudadanos no están de acuerdo con la aplicación de este IGV a estos consumos; pero es aquí donde surge la inquietud: ¿quién está de acuerdo con pagar impuestos? Al menos el 70-80% de las personas (economía informal) discrepan y no reciben impuestos, una situación que afecta al empresariado que sí contribuye formalmente.

En las próximas semanas, se aplicará automáticamente este cobro, más conocido como “la tasa Netflix” cuando se realice el pago por suscripción. Ante este escenario, no será necesario realizar algún trámite.

Al respecto, Juan Santivañez, Socio en BKR Santivañez, señala: “En Perú el IGV (Impuesto General a las Ventas) es un impuesto que se aplica a la venta de bienes y la prestación de servicios, incluyendo los servicios digitales. Esto significa que los suscriptores de Netflix en Perú deben pagar ese porcentaje adicional del 18%, sobre el precio de la suscripción por concepto de IGV”.

“En el consumo de streaming, ahora la llamada “tasa netflix”, corresponde al hecho de agregar al valor de venta del servicio el 18% por este impuesto al consumo; impuesto que siempre los compradores tenemos que pagar al adquirir bienes o servicios. No es un nuevo impuesto, es solamente incluir este servicio de streaming como afecto al impuesto, como ocurre con todos los servicios que existen, en un mercado formal. Es un escenario que ya se habían demorado en aplicar”, agregó Santivañez.

Más allá del tema de equidad en pago por streaming ofrecido por empresas no domiciliadas en el Perú (porque las empresas peruanas sí nos cobran el 18% de IGV), nuestra preocupación debería estar por el lado de la fiscalización del gasto y hacer un seguimiento a la labor de la Contraloría General de la República, que es quien cumple la función de revisión de la correcta ejecución de los gastos públicos.

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