Al 2022 existe mayor conciencia respecto a los seguros de vida que benefician a los trabajadores peruanos, que ha sido posible desde la llegada del covid-19. Es así que en los últimos meses se ha observado mayor acogida en el sector de la pequeña y mediana empresa (pyme). 
De diciembre del 2021 al cierre de marzo de este año, las ventas nuevas de Crecer Seguros para los seguros de Vida ley y SCTR aumentaron en 70% y 27% respectivamente.

Sin importar la actividad económica que realice la empresa o si el accidente o enfermedad que generó el fallecimiento sucediera dentro o no de la jornada laboral, el Seguro Vida Ley tiene el objetivo de dar soporte económico a los familiares de un trabajador que fallece por causas naturales o accidentales, o al propio trabajador en caso quedara en estado de invalidez total y permanente. 

Al respecto Ordoñez dijo que las pyme normalmente no eran muy adeptas a adquirir este beneficio para sus trabajadores, sin embargo, se observa mayor aceptación en rubros que registran recuperación desde el año pasado gracias a la reactivación económica. 

Asimismo, si una empresa no cumple con la contratación de este seguro y el registro correspondiente ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), no solo está expuesto al pago de una multa por tratarse de una infracción grave, sino que asumiría el costo de la indemnización de hasta 32 remuneraciones mensuales del trabajador afectado.

En tanto, contratar el seguro Vida Ley permite que los trabajadores y sus familiares tengan derecho a recibir una indemnización como se detalla según sea el caso: 
Y en relación al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, brinda coberturas de salud, pensión, indemnización por invalidez, pensión de invalidez, pensión de sobrevivencia y gastos de sepelio. Según Ordoñez, este Seguro vinculado a las actividades de riesgo, también ha tenido un incremento importante. En el caso de Crecer Seguros fue entre 20% y 25% en los primeros dos meses del 2022, respecto al mismo periodo del 2021.

Este está dirigido a los trabajadores que realizan actividades de alto riesgo como construcción, transporte, fabricación de textiles, cuero y sucedáneos, madera y corcho, acondicionamiento de edificios, venta por mayor y menor, entre otras descritas en el Anexo 5 del D.S. N° 009-97-SA, según la Superintendencia Nacional de Banca, Seguros y AFP (SBS).

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