El abogado tributarista José Verona explicó los alcances de la Ley Nº 30730, que impone la bancarización como medio para evitar la evasión fiscal, el lavado de activos y la corrupción.

“Esta es una herramienta de lucha contra el lavado de activos, no es una herramienta de orden tributario y fue publicada el 28 de febrero de 2018, señalando un plazo de seis meses para que todos los entes públicos se adecuen. Esta norma impide a los notarios inscribir una compraventa de vehículos, bienes inmuebles o un aumento de capital, si el dinero de la operación no esta bancarizado”, refirió Verona para El Informativo.

Comentó que según información de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), hasta el 2016 más del 30% (184 millones de dólares) de lavados de activos se hicieron a través de la compra y venta de vehículos e inmuebles, por lo que con la aplicación de esta norma se evitará esta pérdida de ingresos para el Estado.

Añadió que, si bien el objetivo de esta ley es combatir el lavado de activos, también se está haciendo frente a la informalidad, pues el exigir la bancarización de fondos para realizar algún tipo de compraventa, implica que las personas cumplan con los procedimientos tributarios que justifiquen el origen de sus ingresos.

En ese sentido, resaltó que el informal puede ser confundido con un lavador de dinero, por lo que incidió en la importancia de regularizar la situación tributaria, a través de los instrumentos destinados para ello, como son los registros de la empresa o actividad comercial, la obtención de un RUC, la bancarización del capital y ganancias, así como el pago de impuestos.  

/RH/