Permitir que el interno Rodolfo Orellana, acusado de ser cabecilla de una red de estafa y lavado de activos, instale un estudio de abogados dentro del penal de Challapalca vulnera la seguridad del lugar, afirmó el vicepresidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Javier Llaque.

“Es una decisión que hemos calificado como nefasta e irrazonable, porque, bajo ese precedente, serían los internos los que escojan en qué van a trabajar. A veces hay más de un abogado en un penal y cada uno de ellos va a exigir que también les instalemos un estudio”, sostuvo en entrevista para El Informativo.

De acuerdo a Llaque, el protocolo de seguridad del Challapalca establece un régimen cerrado especial. Es decir, los presidiarios de diferentes pabellones no pueden mezclarse. Sin embargo, con el dictamen mencionado, los otros internos son los potenciales clientes de Orellana, por lo que se les debe trasladar, por lo menos, una vez por semana y de manera privada para que sean asesorados.

“Esto implica que cuatro servidores de seguridad del INPE tengan que conducir a cada uno de los clientes de Orellana al lugar donde está su estudio. Eso altera la seguridad y la administración penitenciaria del penal. Por eso, pedimos que se revoque la resolución”, recalcó.

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