Con el objetivo de hacer prevalecer los derechos de los efectivos que resultaron heridos durante la intervención policial que logró la liberación de un empresario asiático secuestrado, los abogados de la Defensoría del Policía del Ministerio del Interior participaron en la audiencia de prisión preventiva a los tres presuntos delincuentes venezolanos que perpetraron este crimen y pedían US$ 3 millones para liberar al ciudadano coreano.

Como se recuerda, los valerosos integrantes de la Policía Nacional del Perú detectaron el actuar sospecho de estos sujetos que pertenecerían a la organización criminal "Los Chamos del Naranjal", por lo que iniciaron una tenaz persecución. Los implicados en el hecho atacaron al personal policial con disparos y granadas, una de las cuales detonó al interior de un patrullero hiriendo al conductor del vehículo y afectando a otros dos agentes.

La intervención, registrada el pasado 25 de setiembre, permitió la liberación de Chansik Hwang, de 68 años, quien se encontraba maniatado al interior de un vehículo. Ese mismo día, el director general de la Defensoría del Policía, Máximo Ramírez de la Cruz, visitó a los efectivos policiales, por encargo del ministro Juan José Santiváñez, para garantizar la atención médica y reiterarles el apoyo legal de esta dirección.

Las investigaciones determinaron que la familia del empresario asiático fue amedrentada con mensajes extorsivos, en los cuales se solicitó una cuantiosa suma de dinero a cambio de la libertad de Hwang.

En consecuencia, Eduardo José Blanco (29), Anderson Abraham Raventeisn Betancur (29) y Víctor Manuel Castro Hurtado (25), detenidos durante la intervención policial, recibieron el dictamen de 18 meses de prisión preventiva, por los delitos de secuestro agravado, extorsión en grado de tentativa, tenencia ilegal de armas y homicidio calificado en grado de tentativa. Así lo estableció el juez del Juzgado de Investigación Preparatoria, sede central de la Corte Superior de Justicia de Lima, Jorge Eduardo Díaz Leiva.

Como en este caso, la defensa legal y atención médica para los agentes que resulten afectados por el cumplimiento del deber, en defensa de la persona, la sociedad y el Estado, es una prioridad. Este lineamiento establece que el bienestar policial es imprescindible en el marco de la política de seguridad ciudadana que lidera el ministro Juan José Santiváñez.

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