Los padres de familia que no paguen la pensión de alimentos establecida por un juez dentro de un proceso judicial no pueden contratar con el Estado ni ser elegidos para desempeñar un cargo público, y hasta corren el riesgo de ir a la cárcel.

Así lo alertó la jefa del Registro Nacional Judicial (Renaju), oficina del Poder Judicial que administra el Registro Nacional de Deudores Alimentarios (Redam), Vicky Távara Cavero, donde están inscritas aquellas personas que no cumplen el mandato judicial por alimentos.

Señaló que la cifra de deudores alimentarios ha ido creciendo en los últimos años en el Redam. En el 2021 fueron registrados 422; en el 2022 un total de 999, y hasta setiembre de este año, 1878, lo que hace un total de 3299.  

 La funcionaria precisó que el deudor alimentario es inscrito en el Redam a pedido de parte o de oficio por el juez si incumple pagar la pensión fijada durante tres meses consecutivos o alternados.

No a cargos públicos

“Las personas inscritas en el Redam van a tener problemas con las entidades financieras porque el Renaju informa a la Superintendencia de Banca y Seguros, y AFP (SBS) de manera mensual el nombre de las personas registradas; no van a tener acceso a créditos, tampoco podrán acceder a un cargo público, sea alcalde, regidor, etcétera”, precisó.

Añadió que también tendrán dificultades para obtener un empleo, pues ahora las empresas solicitan como requisito para acceder a un trabajo el Certificado de Deudor Alimentario Moroso, que lo otorga el Redam, para verificar si este trabajador tiene deuda por alimentos. Si está registrado, la empresa está en la potestad de no contratarlo.

 “Si a la empresa le llega un documento que indica que tiene un trabajador con una deuda alimentaria, también está en la facultad de requerirle que cumpla con el pago o que indique la forma de pago, que puede ser que le retenga parte del sueldo que percibiría cada mes”, puntualizó.

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