El Ejecutivo publicó el Decreto Legislativo 1505, que fija medidas excepcionales en Gestión de Recursos Humanos en el Sector Público, como el trabajo remoto hasta el 31 de diciembre del 2020 en los casos que fuera posible, en el marco de la emergencia sanitaria establecida para contener el avance del covid-19.

El propósito de la norma, publicada hoy en el Diario Oficial El Peruano, es fijar un marco normativo que permita a las entidades públicas asegurar el retorno gradual de los servidores (as) garantizando su salud y el respeto de sus derechos laborales.

En ese sentido, el dispositivo establece ocho medidas que las entidades públicas pueden implementar de manera excepcional y hasta el 31 de diciembre del 2020. Estas son las siguientes: 

a) Realizar trabajo remoto, en los casos que fuera posible. Asimismo, las entidades pueden establecer modalidades mixtas de prestación del servicio, alternando días de prestación de servicios presenciales con días de trabajo remoto.

b) Proporcionar a los/as servidores/as civiles equipos informáticos a efectos de ser destinados en calidad de préstamo para la realización del trabajo remoto, cuando corresponda.

c) Reducir la jornada laboral.

d) Modificar el horario de trabajo.

e) Establecer turnos de asistencia al centro laboral, en combinación con el trabajo remoto, en los casos que fuera posible.

f) Proporcionar medios de transporte para el traslado de los/as servidores/as civiles al centro de labores y de vuelta hacia un punto cercano a sus domicilios, así como para el apoyo al desarrollo de sus funciones cuando estas requieran la movilización por la ciudad, garantizando el cumplimiento de las medidas preventivas y de control de covid-19 aprobadas por el Ministerio de Salud.

g) Proporcionar los equipos de protección personal a los/as servidores/as civiles de acuerdo con su nivel de riesgo de exposición y atendiendo a la normativa o lineamientos específicos emitidos por el Ministerio de Salud.

h) Vigilar la salud de los/as servidores/as civiles conforme a la normativa o lineamientos específicos emitidos por el Ministerio de Salud.

El decreto señala que las entidades públicas deben prever que estas medidas no colisionen con aquellas vigentes en la entidad y que, por su naturaleza, tengan la misma finalidad, de modo que no supongan una desnaturalización de estas últimas o las conviertan en incrementos remunerativos.

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