Tras la investigación por el ilícito de colusión agravada, el Cuarto Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque, a cargo de la fiscal Karim Nina Quispe Gil, solicitó seis años de pena privativa de la libertad para el alcalde de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, Marcos Gasco Arrobas, y otros investigados.

Gasco Arrobas es acusado de que en su condición de alcalde de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, habría concertado con los representantes de la empresa Veolia –a través de Juan Bendezú Zevallos y Ralph Montoya Vega– el otorgamiento de la buena pro y suscripción de un contrato por el importe de S/ 1’ 896 750,00 por el alquiler de compactadoras para el servicio de recojo de residuos sólidos, en el contexto  de un proceso de contratación directa.

La investigación fiscal señala que la suscripción de este contrato se efectuó a pesar que dicha empresa no cumplía con los requisitos establecidos en las Bases Integradas y Términos de Referencia; lo que habría causado un perjuicio patrimonial a la comuna ascendente a S/ 249,733.14.

Además del alcalde han sido acusados la gerente de Asesoría Jurídica (e), Cinthya Flores Huamanquispe; la gerente de Asesoría Jurídica, José Flores Cabanillas; el gerente municipal y coordinador del Plan de Incentivos, Cristian Rosenthal Ninapaytan; el gerente municipal, Ricardo Romero Rentería; y el gerente de Planeamiento y Presupuesto, Luis Ponce Ayala.

También el gerente de Administración y Finanzas, Juan Carlos Ibáñez Álvarez; el jefe del Centro de Gestión Ambiental, Óscar Ahumada Ramos; la jefa de la Unidad de Servicios y Gestión de Residuos Sólidos, Adriana Ghersi Burga; el subgerente de Logística y Servicios Internos, Edgardo Augusto Siaden Ortega, y los representantes de la empresa Veolia Servicios Perú S.A.C., Juan Bendezú Zevallos y  Ralph Montoya Vega.

La Fiscalía también pidió para cada uno de los imputados la inhabilitación para ocupar cargo público por 6 años y una pena de 365 días multa.

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