Unos 1,584 directivos de libre designación y remoción pertenecientes a gobiernos regionales y municipalidades (provinciales y distritales) no acreditaron el cumplimiento de los requisitos mínimos de formación académica y/o experiencia establecidos en la Ley N° 31419 y su reglamento, así como en los documentos de gestión de sus respectivas entidades.

Así lo dio a conocer la Contraloría General de la República al poner en conocimiento los resultados del operativo nacional de “Verificación de  requisitos e impedimentos para el acceso y ejercicio de la función pública”realizado en 554 entidades públicas, proceso en el cual se pudo verificar el incumplimiento de los requisitos para designación de directivos en las instancias mencionadas.

Cabe señalar que la Ley N° 31419 está vigente desde febrero del 2022 y establece una serie de disposiciones para garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública de funcionarios y directivos de libre designación y remoción.

La realización del operativo nacional permitió verificar el cumplimiento de los requisitos e impedimentos para el ejercicio de la función pública de directivos públicos de libre designación y remoción, en un total de 554 entidades, a las cuales se realizaron 581 servicios de control simultáneo en todas las regiones del país.

Para las acciones de control se desplegaron 1,218 auditores, distribuidos en 583 comisiones de control, que intervinieron en 25 gobiernos regionales, 56 unidades ejecutoras de gobiernos regionales, 196 municipalidades provinciales, tres empresas municipales y 274 municipalidades distritales.

Las comisiones de control revisaron legajos de 5,756 directivos de libre designación y remoción, de los cuales 4,774 corresponden al segundo nivel organizacional (gobiernos regionales y locales) y 982 al tercer nivel organizacional (gobiernos regionales).

Según el informe N° 21998-2023-CG/GRLIM-SOP, en los 581 informes de control se revelaron un total de 1,924 situaciones adversas y de las cuales se identificó que casi el 35 % se concentra en Áncash (148), Lima Metropolitana (141), Puno (132), así como Junín (127) y San Martín (125).

En relación al cumplimiento de requisitos mínimos para acceder al cargo de directivos públicos, el operativo de la Contraloría permitió determinar que 1,584 directivos públicos de libre designación y remoción en 412 entidades supervisadas no acreditaron el cumplimiento de los requisitos mínimos de formación académica y/o experiencia, según lo establecido en la Ley N° 31419 y su reglamento, y/o los documentos de gestión de las entidades supervisadas.

La mayor cantidad de designaciones que no acreditaron cumplir estos requisitos pertenecen a municipalidades distritales (676 directivos) y luego aparecen municipalidades provinciales (584), gobiernos regionales (217), unidades ejecutoras de gobiernos regionales (105) y empresas municipales (2).

De ese total, se desprende que 1,254 directivos no acreditan cumplir los requisitos mínimos de formación académica y/o experiencia establecidos en la Ley N° 31419 y su reglamento.

Mientras que otros 831 directivos tampoco acreditaron cumplir esos mismos requisitos mínimos establecidos en los documentos de gestión de la entidad fiscalizada.

También se identificó que, de las 554 entidades intervenidas, en 220 (40 % del total) sobrepasaron el límite del 5 % del total de cargos o puestos existentes para la designación de servidores de confianza.

Este hecho no es acorde con la normativa vigente, la cual busca una administración pública moderna, jerárquica, profesional, para obtener mayores niveles de eficiencia del aparato estatal y el logro de una mejor atención a los usuarios.

La mayor cantidad de entidades públicas involucradas en este hallazgo están en Áncash (22 entidades), Junín (19), San Martín (18), Piura (14), Loreto (13), Ayacucho (12) y Lima Metropolitana (12).

Adicionalmente, se identificó a seis entidades públicas que superaron el tope de 50 plazas de servidores de confianza y que no acreditaron haber presentado la solicitud de excepción a la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir).

Se trata de los gobiernos regionales de Ayacucho, Loreto, Pasco, Piura y San Martín; así como la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Los auditores de la Contraloría también encontraron que en 328 entidades públicas no se acreditó haber realizado una verificación de los requisitos mínimos exigidos en la normativa aplicable para la designación de cargos directivos, y en 401 no se acreditó haber efectuado consulta alguna en las plataformas y registros para la verificación previa de impedimentos, en relación al acceso a la función pública de sus directivos públicos de libre designación y remoción.

Otro hallazgo relevante es que en 305 entidades intervenidas durante el operativo nacional no se actualizaron los instrumentos de gestión referidos al Cuadro para Asignación de Personal (CAP) y el Manual de Clasificador de Cargos, tal como lo dispone Ley Nº 31419, lo que provocaría el riesgo de no contar con directivos que cumplan requisitos acordes con la naturaleza y especialidad de cada entidad.

También se advirtió que 421 entidades públicas supervisadas en el operativo no cuentan con procedimientos formales de verificación de perfiles, lo que equivale al 76 % del total supervisado.

Los mayores porcentajes de incumplimiento están en las municipalidades provinciales y distritales con 78 %, seguidas por un 68 % de unidades ejecutoras de los Gore.

Mientras que 476 entidades púbicas (86 %) no cuentan con procedimientos formales para la designación de directivos.

Los mayores porcentajes de incumplimiento está a nivel de municipalidades provinciales (89 %), municipalidades distritales (87 %), gobiernos regionales (83 %), unidades ejecutoras de gobiernos regionales (79 %) y empresas municipales (67 %).

Esta situación debilita los mecanismos de control para el correcto proceso de designación de directivos públicos en las entidades públicas que sean acordes con los fines públicos que persigue su contratación en el sector público.

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