La sala del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) decidió revocar el acuerdo del Concejo Provincial de Trujillo 087-2024-MPT y confirmó la vacancia de César Arturo Fernández Bazán como alcalde de Trujillo (La Libertad), por tener sentencia consentida o ejecutoriada por delito doloso, de acuerdo al inciso 6 del artículo 22 de la Ley Orgánica de Municipalidades.

El texto completo de la Resolución JNE-2024-002828 se conocerá en los siguientes días; sin embargo, en la página web del JNE se ha publicado el pronunciamiento de los máximos intérpretes de la ley electoral, que es declarar fundada la apelación interpuesta por el abogado trujillano Carlos Calderón.

Sostiene que debido a la situación jurídica de Fernández le correspondía la vacancia y Calderón presentó como adjunta la resolución 60-2024, que anula la resolución 55-2024 en la cual se declara la rehabilitación de Arturo Fernández de su delito de difamación agravada y la declaró como no pronunciada.

Con ello, quedaba demostrado que la sentencia contra Fernández está consentida o ejecutoriada, y que también es cosa juzgada, por lo que correspondía que se declare la vacancia de la cuestionada autoridad.

Seguirá el regidor Mario Reyna

Con la decisión del JNE se acaba la incertidumbre que había en el concejo provincial, debido a que no se sabía si el cuestionado burgomaestre iba a volver a sentarse en el sillón municipal, al que llegó tras ganar las últimas elecciones con el partido Somos Perú.

El primer regidor Mario Reyna Rodríguez, quien ha estado cumpliendo las labores de alcalde interino, será quien se quede hasta finalizar la gestión edil en el 2026, en reemplazo de la vacada autoridad edil, que se encuentra prófuga de la justicia tras haber sido declarada reo contumaz por otros procesos de difamación pendientes.

¿Qué motivó su vacancia?

Los hechos que terminaron con la vacancia de Fernández ocurrieron el 4 de mayo del 2021 cuando era alcalde del distrito trujillano de Moche. Aquel día fue detenido por oponerse a la aplicación de las vacunas contra el covid-19.

Tras ser liberado, el burgomaestre lanzó una serie de improperios contra la teniente de la Policía Nacional del Perú, Nataly Rojas, quien lo denunció por difamación. Aquel proceso terminó en sentencia condenatoria contra Fernández, y le costaría primero la suspensión en su cargo de alcalde provincial y ahora la vacancia tras ser consentida y ejecutoriada. 

Fernández afronta desde la clandestinidad otros tres procesos de difamación agravada.

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