Con armas de fuego y explosivos, delincuentes atacaron la tarde del último martes una patrulla de la empresa Huayna SAC en el nivel 2820 de minera Poderosa, y dejaron un muerto y un herido en el distrito y la provincia de Pataz, en la sierra de la región La Libertad.

A través de un comunicado, la minera precisó que la persona asesinada y el herido, afectado por los gases tóxicos que generaron los atacantes, son agentes de seguridad. La patrulla le brinda servicio de resguardo en sus operaciones.

La compañía indicó que el ataque criminal se mantuvo activo hasta las 00:37 horas del 25 de setiembre cuando personal de Seguridad Patrimonial y de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes) de la Policía Nacional del Perú (PNP) logró repeler el ataque de los criminales y retomar el control de la zona.

“La empresa lamenta la pérdida del trabajador de Huayna SAC y hace llegar sus condolencias a los familiares, a quienes les ofrece todo el apoyo y respaldo para afrontar este difícil momento. Igualmente, hace extensivo su pesar a todos los colaboradores de la familia Poderosa por tan sensible pérdida”, puntualiza el documento.

Poderosa también lamentó que a pesar de la presencia policial en Pataz, estos ataques contra sus operaciones continúen. Ante ello, reiteró su pedido al Gobierno, a través del Ministerio del Interior, la Policía Nacional, el Ministerio Público y autoridades del Gobierno Regional de La Libertad, para que intensifique los esfuerzos a fin de combatir la criminalidad y la minería ilegal, ya transformada en la principal economía ilegal del país.

“Este espiral de violencia responde al crecimiento exponencial de la minería ilegal, coludida con la criminalidad organizada, alianza que opera con absoluta impunidad, amparada en la protección que le otorga el Reinfo (Registro Integral de Formalización Minera). Invocamos al Congreso a no extender el Reinfo, próximo a vencer, por el riesgo de seguir promoviendo estas actividades ilegales, con las nefastas consecuencias que ya todos conocemos”, exhortó.

Asimismo, pidió al Ejecutivo tomar medidas inmediatas que permitan supervisar y controlar con mayor rigor las actividades de las plantas procesadoras que reciben mineral de origen ilícito.

En diciembre del 2023, una incursión criminal a un socavón de la propia empresa dejó como saldo nueve personas asesinadas. La compañía ha sufrido a lo largo de estos meses el derribo y la destrucción de 15 torres de alta tensión y una estación eléctrica, con el objetivo de tomar el control de las unidades mineras. 

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